Se vende, se vende, se vende

Interesante la discusión sobre la venta de las participaciones de la nación en ISA e Isagen. Después de un primer respaldo a la recomendación de la Comisión del Gasto Público en el sentido de utilizar los recursos de las ventas de dichas participaciones para el pago de la deuda, se ha reconsiderado la medida argumentando que la rentabilidad de dichos dineros públicos es mayor bajo la estructura actual de participación en ISA e Isagen que si se destinaran al pago de la deuda como originalmente se había pensado.

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julio 31 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-07-31

Según los medios de comunicación y en particular la revista Cambio en su edición de algunas semanas atrás, se consideró por parte del Ministerio de Minas y Energía, que ISA e Isagen son activos estratégicos los cuales se encuentran en plena maduración y por consiguiente, la decisión de su venta no debe tomarse con criterios exclusivamente de carácter fiscal. Desde comienzos de la década pasada en las esferas de Planeación Nacional se hizo dogma el concepto según el cual el Estado debía salir de las participaciones en sus empresas, fueran éstas rentables o no rentables, estratégicas o no estratégicas. Lo importante era vender todo. No cabe duda que en algunos casos cuando se comprueba que el Estado es incapaz de prestar el servicio requerido por medio de sus empresas, es necesario hacer un cambio de guardia y entregar esos activos al sector privado buscando mejorar la eficiencia en el servicio. Fue el caso de las electrificadoras de la Costa Atlántica, las cuales se habían constituido en un foco de corrupción, en medio de un esquema inoperante y politizado con pésimos niveles de servicio. Era necesario buscar ideas y recursos frescos, para garantizarles a las gentes de la Costa un servicio digno y confiable. Ese proceso que tuvo lugar hacia 1997 y 1998 culminó con la constitución de Electrocosta y Electricaribe, cuyos socios han sido empresas extranjeras de primera línea, hoy en día lideradas por el Grupo Unión Fenosa de España, gracias a las cuales se rescató la viabilidad técnica, económica y operacional del sistema eléctrico en la Costa Atlántica. Pero así como en algunos casos se ha justificado el cambio en la estructura de propiedad de las empresas estatales cuando la gestión de éstas está plagada de todos los vicios imaginables, en otros casos vender por vender ha llevado a que el Estado pierda los instrumentos que le permiten maximizar el valor de sus empresas. En el caso de Ecopetrol por ejemplo, las diferentes administraciones de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda en la década pasada, obligaron a la empresa a vender numerosos activos valiosos como por ejemplo, las participaciones en las sociedades regionales de distribución de combustibles de la marca Terpel, argumentando que, ante la necesidad que tenía el Estado de los recursos generados por Ecopetrol para satisfacer las múltiples necesidades de inversión pública nacional, sobre todo en el frente social, las actividades de exploración y producción que tuviera que desarrollar la empresa estatal deberían financiarse mediante la venta de activos, los cuales, como en el caso de las sociedades Terpel, apenas se encontraban en su curva de valorización restándole aún gran trecho para llegar a su punto de máxima generación de valor. Dado el nuevo enfoque de negocios de Ecopetrol en la actualidad, sería bien útil contar con esquemas de distribución de combustibles y biocombustibles que constituyen el mecanismo para generar las ventas y por consiguiente la ‘caja’ de los negocios. Por eso, es saludable el debate sobre el uso de los activos del Estado, bien sea conservándolos a fin de que la renta que generan coadyuve a los procesos de inversión social, como es el claro ejemplo de la compra por parte de la Empresa de Energía de Bogotá de la antigua Ecogás hoy en día, la Transportadora de Gas del Interior. En el caso de ISA e Isagen, además de tratarse de empresas aún en pleno desarrollo con vocación de convertirse en multinacionales en el negocio de la energía, tienen una función estratégica imposible de desconocer y se refiere a que la reforma del sector eléctrico colombiano si bien permitió la participación del sector privado en la prestación del servicio de energía eléctrica, mantiene en el Estado la llamada responsabilidad de ‘última instancia’ según la cual, si el sector privado no actúa para asegurar la expansión de la capacidad de generación del sistema, es al Estado a quien le corresponde asumir dicha responsabilidad y uno de los vehículos para cumplir esta tarea sería precisamente Isagen. Por esas consideraciones es necesario revisar el viejo concepto de los 90 en el sentido de que todo lo estatal tiene que venderse sea cual sea la característica del activo. Ya afortunadamente pueden considerarse otros conceptos sobre la tenencia y administración de los activos públicos y se puede discutir sobre la conveniencia de que el Estado mantenga el control sobre algunos de ellos en casos como los siguientes: cuando sean necesarios para el cumplimiento del mandato constitucional de prestación de servicios públicos; cuando la renta que se obtiene de su operación le permita a la nación, a los departamentos y a los municipios contar con los recursos para atender las necesidades de las generaciones actuales y las venideras y cuando se trate de activos aún en etapa de maduración y consolidación y se justifique plenamente que el Estado y no los privados, se beneficien de la maximización de valor de dichos activos.Consultor privado "Es necesario revisar el viejo concepto de los 90 en el sentido de que todo lo estatal tiene que venderse sea cual sea la característica del activo”.

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