El vicepresidente José Vicente Rangel precisó en un comunicado que “el Gobierno Nacional no comparte la decisión adoptada por el alcalde”. Rangel sostuvo que la “adquisición forzada” de los campos de golf pudiera “afectar normas constitucionales y legales”. Insistió en que el gobierno del presidente Chávez “respeta y hace respetar el ordenamiento legal vigente, y rechaza cualquier intento dirigido a socavar, provenga de donde provenga, la estructura del Estado de derecho”. AP