En Colombia se deberían construir, en las próximas dos décadas, 348 mil viviendas al año. Así lo advierte la Cámara Colombiana de la Construcción, que de paso recuerda que el déficit cualitativo es de 2’520.298 unidades y el cuantitativo de 1’307.757.
Esto supone un gran reto, si se tiene en cuenta que, según el Dane, el país tendrá en el 2020 unos 50 millones de habitantes.
De la cifra proyectada, 40 por ciento (137 mil soluciones) debería corresponder a vivienda de interés prioritario (VIP), un segmento compuesto por hogares que devengan menos de dos salarios mínimos (1’071.200 pesos), lo que implica una atención urgente y un importante apoyo fiscal.
Esta demanda supera el 50 por ciento de la necesidad de vivienda en la mayoría de los departamentos del norte del país (Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre), lo mismo que en Vichada, Guaviare y Caquetá, ahora con un componente adicional: la reconstrucción tras la ola invernal que, por lo menos para los próximos diez años o más, obligará a destinar recursos y a asumir algunas acciones.
Para ello se expidió el Decreto 4821 del 2010, que dio vida a los proyectos integrales de desarrollo urbano (Pidu), con los cuales se busca garantizar suelo urbanizable para la construcción de vivienda y la reubicación de asentamientos humanos para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica.
“Para los próximos 10 años, esto significaría crecer en los estratos 1, 2 y 3, y estar mucho mejor en dos décadas, tras un punto de quiebre que permita reforzar la oferta en el estrato medio, ya que el alto tiene menos inconvenientes”, asegura Manuel Alfonso Carrillo, gerente de la compañía inmobiliaria Avacol.
Para ello, el actual Gobierno prevé mecanismos como el subsidio a la tasa de interés y, a mediano plazo, la reglamentación para que 80 por ciento de los créditos respaldados con esta figura se destinen a VIS.
¿Y LA VIVIENDA VIP?
Sin embargo, el interrogante que plantean algunos constructores está en qué estrategias utilizarán para atender el segmento VIP, que es donde están las mayores necesidades.
“Es, sin duda, el eslabón más frágil de la cadena no sólo ahora, sino en el largo plazo”, anota Andrés Arango, presidente de Ospinas & Cía., quien advierte problemas por la dificultad de conseguir suelo a un precio que genere rentabilidad al construir este tipo de vivienda.
El urbanista Camilo Congote coincide con Arango y considera que el éxito a 10 y 20 años está, entre otros temas, en el impulso a los procesos de renovación urbana y en incentivar una política bien estructurada de ciudad–región.
“Esto implica resolver los problemas de movilidad, con buena infraestructura vial y de servicios públicos; desarrollar proyectos que verdaderamente sean integrales en vivienda acompañada por recreación, salud, educación y trabajo –como se hace a través de los macroproyectos de interés social nacional (MISN)–, e impulsar la sostenibilidad ambiental”, dice.
La apuesta en el largo plazo a través de los MISN tiene estrecha relación con la meta del Gobierno de construir un millón de viviendas.
Según el Ministerio de Vivienda, en su implementación se han invertido 105.000 millones de la vigencia 2010 y se esperan ejecutar $35 mil millones más este año. A esto hay que sumarles recursos por cerca de $40 mil millones de dólares para impulsar la ejecución de los que están en curso, producto de una operación de crédito suscrita en marzo pasado con el Banco Mundial.
El hecho de tener 10 macroproyectos en marcha y otros 21 formulados sumaría casi 127 mil unidades, y aún falta mucho por hacer en los próximos.
Gabriel E. Flórez G.
Economía y Negocios