El Producto Interno Bruto creció por encima del 6 por ciento en dos años consecutivos, hecho que no se registraba hace 80 años; la tasa de desempleo bordea el 10 por ciento después de llegar a niveles del 20 por ciento a comienzos del siglo; la inversión como porcentaje del PIB bordea el 28 por ciento, luego de haber bajado hasta el 13 por ciento en 1999; la inversión extranjera fluye al país en niveles sin precedentes; las exportaciones se han duplicado en pocos años, y el ingreso de turistas extranjeros ha retornado a los niveles que teníamos a comienzos de los ochenta. El reto que tenemos es, entonces, crear las condiciones para sostener el crecimiento de la economía por encima del 6 ó 7 por ciento anual, cifra necesaria para pasar de ser pobres a ricos. Con ese objetivo en mente, el Gobierno viene trabajando en diferentes frentes: asegurar el acceso preferencial permanente a los mercados de nuestros principales socios; adelantar una estrategia de transformación productiva y de mejora en la competitividad, y fortalecer las condiciones para que la inversión siga creciendo. Dentro de este último frente, tradicionalmente los gobiernos cuentan con múltiples herramientas para atraer la inversión. En Colombia se han implantado o están en proceso de implementación varias de éstas: la política de Seguridad Democrática; los incentivos tributarios a sectores como el de construcción y los cultivos de tardío rendimiento; la estabilidad en las reglas de juego mediante la suscripción de contratos de estabilidad jurídica; la reducción de trámites y costos para las empresas; la firma de acuerdos de protección de inversión y para evitar la doble tributación, y la nueva legislación de zonas francas, entre otras. Las zonas francas constituyen un instrumento de gran importancia para crecer la inversión y, por esa vía, el PIB y el empleo formal. Aun cuando su impacto potencial es grande, en Colombia no se venían aprovechando adecuadamente, lo que llevó al gobierno a modernizar la legislación en torno a las mismas. Varios aspectos se tuvieron en cuenta para modificar las normas que regían desde 1958. En una economía crecientemente globalizada, todos los países compiten por atraer los flujos de inversión extranjera; así, es obvio que Colombia tenía desventajas frente al resto del mundo en variables como la seguridad, la percepción del entorno, y las tarifas impositivas, por mencionar las más notables. El éxito de la política de Seguridad Democrática ha permitido superar en buena parte estos escollos. Gracias a ésta, hoy en día el país ha vuelto a figurar en el mapa mundial de los inversionistas. En materia tributaria, hasta el año anterior, Colombia aparece como uno de los países con tasas de tributación corporativa más altas del mundo, mientras que algunos países de la región cuentan con regímenes especiales con tasas cero, como ocurre con las zonas francas de los países centroamericanos. Esta situación ha llevado al país a definir una senda de reducción de las tasas de tributación a las empresas, pero dadas las restricciones fiscales a que estamos enfrentados, ello ocurrirá de forma gradual. Las principales novedades de la nueva normatividad provienen del establecimiento de una tasa de tributación de renta del 15 por ciento y de la diferenciación entre Zonas Francas permanentes y uniempresariales; en ambos casos las normas exigen unos mínimos de inversiones nuevas y de generación de empleos directos formales. En las Zonas Francas permanentes, diversas empresas se instalan en un área geográfica específica, con el fin de desarrollar actividades comerciales o industriales. En las Zonas Francas uniempresariales, se autoriza a una sola empresa a desarrollar actividades productivas de servicios o agroindustriales o de bienes. Un punto importante es que se permite la conversión de empresas existentes en Zonas Francas uniempresariales, pero los requisitos son más severos que en los casos de una inversión nueva; adicionalmente, la reglamentación exige que los activos comprometidos en un proyecto no hayan sido utilizados en el país. Así, mientras que en los proyectos nuevos los montos de la inversión están entre 3 y 38 millones de dólares, dependiendo de la actividad, en el caso de conversión el mínimo es de 180 millones de dólares y, adicionalmente, se debe duplicar la renta líquida gravable. En el poco tiempo que lleva vigente el nuevo régimen, se ha demostrado su eficacia como motor de la inversión. Durante los 50 años de la regulación anterior se crearon en Colombia 11 Zonas Francas. Por contraste, entre el 2007 y el 2008 se han aprobado 29 y hay dos más en trámite; éstas representan inversiones por un monto superior a los 3,7 billones de pesos, y la generación de cerca de 27 mil empleos directos y formales nuevos. Es evidente el impacto que tendrán estos proyectos en Colombia: aumentan la capacidad de producción y por lo tanto el PIB potencial; son nuevos contribuyentes para el fisco; aportan a la modernización tecnológica del aparato productivo; dinamizan las economías regionales con sus demandas directas e indirectas; amplían y diversifican la base exportadora del país y mejoran la calidad del empleo. Por estas razones, las zonas francas son un vehículo importante para la transformación productiva de Colombia. '' Las Zonas Fran- cas constituyen un instrumento de gran importancia para crecer la inversión y, por esa vía, el Producto Interno Bruto y el empleo formal.'' En una economía crecientemente globalizada, todos los países compiten por atraer los flujos de inversión extranjera; así, es obvio que Colombia tenía desventajas frente al resto del mundo en variables como la seguridad, la percepción del entorno, y las tarifas impositivas, por mencionar las más notables. Luis Guillermo Plata Páez. Ministro de Comercio, Industria y Turismo WILABR
