El proyecto para reformar el Sistema General de Participaciones, radicado esta semana por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tiene tanto de largo como de ancho.
Además de la reformulación de los recursos, que le giraría más a las entidades territoriales para programas educativos, el proyecto de ley incluye cambios de forma, que van desde la misma conformación del SGP hasta las tareas de cada uno de los actores de los gobiernos Nacional y regional.
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Quizá uno de los cambios más importantes que fueron incluidos por el Minhacienda tiene que ver con levantar el veto a los entes territoriales para darles porcentajes mínimos de inversión a todos los sectores.
De este modo, se contribuye a la “autonomía de los territorios en la focalización de la inversión y su articulación con sus planes de desarrollo. Igualmente se incluyen criterios de distribución para cierre de brechas urbano- rural, lo que mejora la progresividad de esta bolsa de recursos”, indicó el Gobierno.
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Asimismo, en el articulado se pasa de tres a ocho rubros que conforman el SGP, quedando en total así: educación (57,58%), salud (23,52%), saneamiento y agua potable (5,18%), propósito general (11,14%), programas de alimentación escolar (0,5%), resguardos indígenas (1%), municipios cuyos territorios limiten con el río Magdalena (0,08%) y una asignación especial para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –Fonpet– (1%).
Esta redistribución no es de poca monta, si se tiene en cuenta que en el proyecto de Presupuesto del 2019 se le asignaron al SGP más de $41 billones de apropiaciones, es decir, tendría un aumento de 12,3%, que equivale a $4,5 billones.
El proyecto de ley radicado incluye, entonces, un capítulo por cada rubro a los que se le girarán los dineros, dictándoles reglas claras a las entidades del orden nacional y territorial sobre qué deben hacer, qué información entregar, cómo apropiar el capital y cómo rendir cuentas, entre otras cosas.
Gilberto Toro, director de la Fedemunicipios, indicó que “el SGP es la columna vertebral de la inversión social del país y por eso debería tener tres pilares claves”. Primero, que se garanticen los recursos suficientes para atender todos los temas relativos al desarrollo humano; segundo, que las competencias de departamentos y municipios queden claras. Y, tercero, “que se entienda que hay municipios muy pobres, donde es vital reducir brechas sociales y tecnológicas y, por ende, que se reduzcan los altos índices de pobreza del país”.
