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Economía

Gobierno busca llevar inversión minera a los US$1.500 millones

La futura ley de concurrencia permitirá sincronizar las tareas mineras entre la Nación y los municipios.

Minería

Superar 99 millones de toneladas de carbón, entre las metas.

Archivo particular.

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Portafolio
febrero 14 de 2019 - 09:50 p. m.
2019-02-14

La Ley de concurrencia y coordinación será el vector que marcará el norte en la brújula de la operación minera del país para los próximos cuatro años.

El articulado, que está siendo redactado por los asesores jurídicos de Palacio, para posteriores ajustes en la socialización, debe ser radicado, tramitado y aprobado antes de finalizar el presente año.

Con esta estrategia, el Gobierno Nacional no solo trazó una meta de inversión extranjera directa en minería para el próximo cuatrienio, en poco más de US$1.500 millones, sino que –además– espera que el Producto Interno Bruto (PIB) minero real llegue a los $16,2 billones, y el índice de atracción de inversión (Fraser) del país pase de 56,1 a 60 puntos.

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De acuerdo con el documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la apuesta del Ejecutivo es poner en marcha un nuevo modelo de relacionamiento con los entes territoriales, y con base en los principios de coordinación y concurrencia nación-territorio.

“La estrategia se desarrollará teniendo como punto de partida el diálogo recíproco, con enfoque territorial, con información sólida, garantizando el desarrollo minero-energético del país, en armonía con los usos del suelo y los ecosistemas estratégicos”, señala el texto.

A renglón seguido, en las bases del PND se resalta que se promoverán los instrumentos que garanticen la participación ciudadana, con base en información previa, permanente, transparente, clara y suficiente, al igual que herramientas de medición para el monitoreo y mejora de dicho relacionamiento.

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“Para este propósito, la institucionalidad minero-energética y ambiental se encargará de generar y proveer la información sectorial y ambiental pertinente, y tomará en cuenta la que sea generada desde otros sectores y los territorios (Pacto por la legalidad)”, subraya otro de los apartes del texto.

Así, con la ejecución de la citada estrategia, el Gobierno buscará la consolidación productiva del sector minero en el 2022 con 300 instrumentos de coordinación con autoridades municipales o distritales, llegar al 53,76% en el cumplimiento de obligaciones mineras, y superar las 99 millones de toneladas en producción de carbón.

Así mismo, tiene otras metas como la de elevar la producción de oro a 27 toneladas de oro en una operación de títulos mineros por encima del 60%.

Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la futura de ley de concurrencia y coordinación le permitirá a la actividad minera del país crecer como sector.

“El Estado debe impulsar aún más la exploración. Hay que avanzar en la instrucción que dictó la Corte Constitucional, y es la de tramitar en el Legislativo una ley que desarrolle la política de la concurrencia y coordinación”, dijo.

El documento del PND indica, además, que ante los nuevos retos técnicos, ambientales y sociales de la actividad minera, el Gobierno Nacional desarrollará un marco legal claro con cinco frentes de trabajo.

El primero, ajustar las normas aplicables a mecanismos de otorgamiento de derechos, su modificación, sus prórrogas de cualquier régimen y cesión de derechos, así como la liberación e integración de áreas, liquidación de contratos y cierre de minas.

Segundo, garantizar la debida relación entre titulares y propietarios de predios; tercero, ajustar y fortalecer la figura de áreas de reserva especial, las figuras jurídicas para la formalización minera y la implementación de nuevos mecanismos para la formalización, incluidas las comunidades étnicas.

Cuarto, instaurar un contrato especial para la pequeña minería en proceso de formalización y para comunidades étnicas; y quinto, fortalecer la normatividad aplicable a la minería de subsistencia.

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