Gobierno regularía en el 2019 los contratos de trabajo con plataformas

Según Carlos Baena, viceministro de Relaciones Laborales, la norma aplicaría a los servicios como Rappi, que utilizan esos mecanismos.

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Portafolio
diciembre 02 de 2018 - 08:00 p.m.
2018-12-02

Flexibilizar las formas de contratación existentes para aumentar la formalización laboral en el país es la fórmula que se ha planteado el Ministerio del Trabajo para su gestión actual, según Carlos Baena, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección.

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Este principio sería aplicado a muchos sectores y tipos de servicios, como por ejemplo los mensajeros de Rappi, los conductores de taxis, los asesores de call center e incluso los campesinos, segmentos en los que se registran altas tasas de informalidad y en los que, por lo tanto, los trabajadores tienen accesos restringidos a la seguridad social.

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“Con una tasa general de más del 60% y que en el campo alcanza el 85%, la informalidad genera mucha inequidad. Entonces, lo que estamos buscando es mucha flexibilización, según cada modalidad. Algunas personas trabajan por tareas y no pueden cotizar o el empleador debe pagar el mes completo de la cotización de pensión y eso desestimula que los contraten”, señaló Baena, en diálogo con Portafolio.

Por esa razón, en el caso de las personas que se emplean a través de plataformas tecnológicas por ejemplo, el próximo año se estaría emitiendo un decreto que clarifique la existencia de una relación laboral entre quienes administran estas aplicaciones y los trabajadores, para que los primeros respondan por la seguridad social de los segundos.

Además, dijo Baena, “en el tema de los taxistas se va a buscar hacer una modificación del artículo 36 de la Ley 336 del Estatuto Nacional de Transporte, para que se pueda flexibilizar la vinculación laboral”.

Esto significaría que las operadoras de transporte público no tendrían que contratar de manera directa a los conductores, como se establece hasta ahora, pues, en el concepto del Viceministro, el ajuste de este tipo de normas promovería la creación de empleo y, nuevamente, más personas disfrutarían de los beneficios de la seguridad social.

“Ahí también entra la idea de la cotización por horas; ese es uno de los mecanismos que vamos a promover para formalizar, y es un tema que se va a llevar al Congreso”, dijo el funcionario.

En cuanto a los trabajadores rurales, el exsenador señaló que ya hay una ley que cursa trámite en el congreso –la 193 del 2018–, en la que se busca crear la figura del ‘jornal único integral’, que le permitiría a los empleadores contratar a los campesinos por días.

Según el proyecto, por cada jornal se les debería pagar, por lo menos, el equivalente a un día de salario mínimo, más el 35% de ese valor, lo que correspondería a las prestaciones sociales.

De ese modo, los campesinos harían de manera independiente el pago de pensión y seguirían estando afiliados al régimen subsidiado en salud. “Lo que estamos haciendo es reconocer la realidad del campo porque allá se trabaja por horas de manera estacional”, señaló el excongresista.

No obstante, el pago de la pensión se haría con el ahorro individual denominado Beps, propuesta que ha sido criticada por las centrales obreras e incluso la OIT, pues consideran que los trabajadores del campo no tienen los medios suficientes para ahorrar. Y, además, como los contratos se harían por días, estas personas tendrían
ingresos no regulares, por lo que la reserva que tendrían de pensión sería insuficiente.



“La gran preocupación del Gobierno es generar una equidad y un esquema diferente al de los subsidios. Por eso, si con Beps podemos garantizar que tengan algo para la vejez, eso es mucho mejor a no tener nada”, explicó Baena.

Trabajos de alto riesgo
El funcionario señaló que se va a crear una comisión externa a las empresas para que esta sea la que defina cuáles son los trabajos de alto riesgo en el país.

Esto con el fin de eliminar la evasión del pago extra que las compañías están obligadas a efectuar por los trabajadores que se exponen a condiciones peligrosas constantemente, y que según había establecido este diario, sería una deuda que asciende a más de $7 billones.

Además, Baena anunció que se harán modificaciones en la Resolución 1111 del 2017, con el fin de simplificar los requisitos de cobertura de riesgos laborales en firmas de hasta 50 trabajadores.

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