La Superintendencia de Transporte dio una nueva estocada en la contienda contra las plataformas que facilitan que se presten servicios de transporte, cuya regulación continúa siendo objeto de controversia en el país.
La entidad de control impartió instrucciones a los alcaldes de 18 ciudades capitales y 13 municipios de mayor población en el país para que investiguen y sancionen a quienes, dentro de sus jurisdicciones, “a personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares”.
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Además, solicitó a las autoridades municipales iniciar acciones judiciales y administrativas contra los sujetos que presten el servicio sin cumplir las normas, y contra quienes faciliten las operaciones de manera ilegal.
Esto implicaría, según comunicó la Superintendencia de Transporte, que los conductores podrían estar sujetos a multas por 700 salarios mínimos legales, lo que equivale a cerca de $624 millones.
“Actualmente la Superintendencia tiene cargos contra empresas que estarían facilitando la prestación del servicio público, bajo contratos de arrendamiento que en realidad serían contratos de transporte. Eso es parte de las investigaciones que están cursando”, indicó el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón.
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Adicionalmente, la Superintendencia les recordó a los alcaldes que la omisión de control del transporte ilegal “ha causado en el pasado múltiples condenas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra los municipios, investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte, así como procesos en la Procuraduría General de la Nación contra mandatarios locales”.
Las multas podrán ascender a 700 salarios mínimos, aproximadamente $624 millones.
LAS PLATAFORMAS
La regulación de las plataformas que prestan servicios de transporte público a través de vehículos particulares ha tenido varios traspiés en los últimos años.
En enero del año pasado Uber suspendió sus operaciones en el país, y luego regresó un mes después bajo un modelo de contrato de alquiler de vehículo con conductor, que le ha permitido operar tanto a esta plataforma como a otras similares.
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De hecho, aunque para esta legislatura se estaba tramitando un proyecto de Ley en el Congreso que pretendía regular la prestación del servicio de transporte a través de plataformas, como existe en otros países, este se hundió.
Alianza IN, la asociación que agrupa y representa a compañías como Uber, Beat, Didi y Cabify, entre oras, expreso su rechazo a la posición de la Superintendencia y su presidente, David Luna, defendió que el servicio “el servicio de intermediación que prestan las plataformas de movilidad conectando a un conductor y a un pasajero es totalmente legal y está soportado en la Ley 1450 de 2011, que consagra el principio de neutralidad tecnológica y de red”.
El representante gremial y exministro TIC enfatizó también en que a partir del principio de legalidad consagrado en la Constitución, los particulares pueden hacer cualquier tipo de actividad que no esté prohibida en la Ley.
“Siempre sorprenderán las declaraciones del superintendente de Transporte, que claramente van en contravía con los anuncios realizados por del Gobierno sobre la necesidad de tramitar una norma en el Congreso de la República”, expresó el presidente de Alianza IN.
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