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Gobierno

Las claves de polémico proyecto de seguridad ciudadana que aprobaron

Gobierno busca endurecer condenas contra quienes reinciden en delitos. Oposición dice que la iniciativa criminaliza la protesta. 

Policía

Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

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diciembre 22 de 2021 - 10:54 a. m.
2021-12-22

Las plenarias de la Cámara y del Senado aprobaron un polémico proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana, que fue propuesto por el Gobierno para endurecer las condenas contra quienes reinciden en delitos contra los ciudadanos y que es calificado por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta.

(Lo que se sabe de millonario robo en fábrica de Bogotá). 

El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que la ley busca dar “mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”.

“Asimismo pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”, agregó.

Como ejemplo del alcance que tiene el proyecto, Palacios dijo que la idea es que “cuando una persona esté en su casa o en su habitación y alguien ingrese de manera violenta, se presuma que esa persona al defenderse está actuando en defensa personal” y “el juez tendrá que valorar el test de proporcionalidad correspondiente a la actuación que haya hecho esa persona”.

(Inseguridad preocupante). 

“Aquí lo que estamos estableciendo como un criterio obligatorio para el juez, es que cuando ese delito se haya cometido con un arma de fuego, con un arma blanca o con un arma de letalidad reducida, el juez tenga que dar la medida de aseguramiento intramural (en una cárcel)”, detalló.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), considera que lo aprobado es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”.

Es por ello que él, junto a 18 congresistas más, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.

Las protestas de este año en Colombia, que comenzaron por una propuesta de reforma tributaria y se extendieron por más de cinco semanas perdiendo poco a poco intensidad, tuvieron reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial y algunos episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.

También se reportaron desapariciones, abusos sexuales, bloqueos y homicidios cuyo número difiere según la fuente a la que se le consulte.

EFE

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