Bogotá prohíbe el comercio de armas blancas en espacio público

La multa será de $196.000 y las autoridades podrán decomisar y destruir el arma blanca.

Arma blanca

La venta de armas blancas en el país no es controlada.

Milton Díaz / EL TIEMPO

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octubre 20 de 2018 - 11:41 a.m.
2018-10-20

Ya quedó prohibida en Bogotá la compra y venta de cuchillos, navajas, puñales, machetes, hachas y hasta mazos en el espacio público, en escenarios deportivos, culturales o de recreación.

La multa será de $196.000 y las autoridades podrán decomisar y destruir el arma blanca. Así quedó establecido en el Decreto 599 firmado por el alcalde Enrique Peñalosa y el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, que busca reducir los homicidios y las lesiones personales que se cometen en Bogotá, la mayoría de ellos a manos de la delincuencia.

De los 580 homicidios que se cometieron entre enero y julio de este año, 258 se realizaron con arma blanca. En el último año y medio el uso de armas blancas en hurtos a personas aumentó del 20 % al 28 % en comparación entre el periodo 2010 y 2016.

Portar armas blancas así como neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, está prohibido en el Código Nacional de Policía y Convivencia porque ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia ciudadana, señala la norma.

Peñalosa dijo que también se avanza en la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que el porte de armas blancas sea penalizado.

“Lo que vamos a limitar es el porte de armas blancas en ciertos entornos donde no tiene por qué alguien estar con un puñal o un cuchillo. No puede estar en un bus de TransMilenio, no puede estar en un concierto, no puede estar en un partido de fútbol ni en entornos escolares”, dijo el alcalde.

La Policía en coordinación con la Secretaría de Seguridad, realizará operativos permanentes en el espacio público, en el Sistema Integrado de Transporte Público, en escenarios deportivos, culturales o de recreación y en entornos escolares, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto.

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