Congreso insiste en manejar el 20% del presupuesto nacional

Según una reforma constitucional a la que solo le restan dos debates, los recursos vendrían del rubro anual de inversión. 

Congreso

La reforma les permitiría a las plenarias del Congreso designar, cada año, el 20% del presupuesto de inversión.

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Portafolio
mayo 13 de 2019 - 10:39 p.m.
2019-05-13

En el Congreso está avanzando a toda marcha una reforma que le daría poder a cada congresista para manejar, en promedio, unos $30.000 millones del Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año.

En los pasillos del Capitolio, esta iniciativa se conoce como ‘mermelada 2.0’. Los congresistas dicen que esto le dará autonomía presupuestal al Legislativo.
El proyecto fue aprobado este lunes en sexto debate y quedó a un paso de ser realidad, pues ahora solo le restan dos debates que se darían antes del 20 de junio.

(Presupuesto 2020 tendría recorte de casi $12 billones). 

El proyecto de acto legislativo tiene dos artículos y 35 autores, grupo en el cual hay miembros de todas las bancadas políticas, desde el Polo Democrático, pasando por los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical, hasta llegar a las toldas del Centro Democrático y el Partido de la U, quienes, según el proyecto, pretenden “solucionar un déficit estructural del diseño institucional del Estado que impide la iniciativa parlamentaria en materia de gasto público”.

AJUSTE BILLONARIO 

Esto, debido a que durante los trámites del PGN de cada año, solo el Gobierno tiene la propiedad de definir qué proyectos se viabilizan y cuáles no, y los dineros que se destinan para cada uno de estos, dejándole al Congreso la tarea de ‘notario’, como lo aseguran cada año algunos parlamentarios.

De hecho, durante el sexto debate (debe surtir ocho), los ponentes del proyecto señalaron que “la posibilidad de dar una mayor participación al legislador en esta materia suele ser vista con escepticismo, en la medida en que se piensa que los congresistas electos atienden primordialmente el interés de sus electores, incrementando gastos específicos, en lugar de atender el interés nacional por lograr y mantener una posición fiscal sostenible, lo que justifica la imposición de restricciones formales al poder de la legislatura para introducir cambios”.

(Piden eliminar unificación del presupuesto). 


Por esta razón, proponen que haya una mayor “participación parlamentaria en la discusión del presupuesto”, de tal modo que contribuya a que “haya mayor transparencia y facilita alcanzar acuerdos y consensos, pues siempre las demandas por fondos superarán los recursos disponibles”.

Para lograrlo, piden que cada año se les permita decidir en qué invertir el 20% del rubro de inversión del PGN, “mediante traslados entre partidas, aumento o disminución de las mismas o inclusión de nuevas partidas que estén relacionadas con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo”, como se lee en la ponencia sobre esta reforma constitucional.

Si se tomara como ejemplo el presupuesto nacional del 2019, que el Congreso aprobó por $259 billones, se encuentra que allí quedaron avalados $46,8 billones para el renglón de la inversión. Así las cosas, de estar en firme esta reforma a la Carta Política, al Congreso se le habría permitido usar aproximadamente $10 billones, es decir, un promedio de $31.000 millones para cada uno de los parlamentarios.

En una reciente columna escrita para El Tiempo, Carlos Caballero Argáez, exministro de Minas y excodirector del Banco de la República, dijo que esta iniciativa“cambia de tajo el manejo presupuestal y las normas que se incluyeron en la reforma de 1945 y, muy especialmente, en la de 1968 (...). En plata blanca, (se trata) de la autorización para que el Congreso cambie el presupuesto de inversión sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda”. También dijo que “el Gobierno no ha hecho aparentemente nada para detenerlo y, de aprobarse, la asignación de los recursos públicos empeorará, lo mismo que la corrupción y el desorden fiscal”. Afirmó que si el Ejecutivo no se opone “sería un retroceso inconveniente y costoso para la economía colombiana”.

Algo similar piensa Sergio Clavijo, presidente del centro de estudios Anif, quien opina que sería inconveniente su aprobación, pues dificultaría la unificación presupuestal que debe tener el Estado.

EN LA RECTA FINAL

“En este, como en muchos otros casos, ‘mejor deje así’, pues la pérdida de eficacia presupuestal sería mayor y la corrupción simplemente quedaría patentada. Dicho monto del 20% del presupuesto de inversión que asignaría el Congreso es mayúsculo frente a los ‘auxilios parlamentarios’ que se robaban en la supuesta creación de entidades educativas en la época de Lleras Restrepo”, afirmó Clavijo a finales del año pasado, cuando el proyecto aún pasaba su primera vuelta legislativa.

Ahora, varios meses después, el proyecto acaba de ser avalado por la plenaria de la Cámara en su sexto debate y pasa a dar sus dos últimos deliberaciones (en Comisión I y Plenaria de Senado), punto en el cual pasaría a sanción presidencial.

Algunos presidentes de gremios, que pidieron omitir sus nombres, coincidieron en que este último paso será difícil, ya que el Gobierno puede oponerse a su aprobación en cualquier momento, tal y como lo hizo a última hora.

Este lunes, el Minhacienda radicó un concepto que, según los parlamentarios, rechaza la aprobación de este proyecto de acto legislativo. No obstante, los miembros del Congreso dijeron que dicho documento no es vinculante y lo dejaron de lado cuando votaron a favor de la iniciativa.

Así las cosas, si la reforma se aprueba de aquí al 20 de junio, comenzaría a regir este mismo año, y durante el trámite del PGN del 2020, los congresistas podría manejar el 20% del rubro de inversión, es decir, podrían asignar unos $7 billones el próximo año.

Sebastián Londoño Vélez
En Twitter: @SLondonoV

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