Análisis desarrollados por la Contraloría General de la República revelan que Colombia sí afronta “un riesgo de déficit de potencia eléctrica”.
Para la Contraloría, 15 días de los próximos dos meses quedarían desprotegidos porque el sistema no contaría con ninguna reserva de potencia, lo cual se traduce que, ante cualquier falla, sería necesario aplicar cortes de luz a los usuarios, en diferentes zonas del país.
Estimaciones de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía indican que el país se encuentra a tan sólo 130 megavatios (MW) de un déficit de potencia que produzca cortes, lo que significa que pueden desatenderse – entre 1 y 3 horas- áreas de usuarios en los momentos de mayor demanda.
desprotegidos porque el sistema no contaría
con ninguna reserva de potencia eléctrica.
Para el organismo de control, este riesgo se concentra en zonas como Antioquia, debido a la salida de la generadora hidráulica de Guatapé, y en la Costa Caribe, por la salida de la segunda unidad de Zona Franca Celsia.
Según el Contralor Edgardo Maya Villazón, “la combinación de factores como el Fenómeno de El Niño, la escasez de gas natural, la situación financiera de las empresas y el estrés operativo conforman hoy un escenario de riesgo”.
Maya Villazón dijo además que desde el año pasado la Contraloría había advertido sobre la limitada oferta de gas natural del país y los incumplimientos en los proyectos de expansión en la infraestructura de transporte, los cuales son uno de los detonantes de la crítica situación del sector eléctrico.
Factores comunes entre el apagón del 92 y las actuales condiciones
Dentro de la revisión que ha venido adelantando la Contraloría, llama la atención encontrar factores comunes dentro de las decisiones de política pública energética, en los casos de riesgo de desabastecimiento eléctrico.
Merece la pena recordar el informe del Contralor de la República de su momento, Manuel Francisco Becerra Barney, denominado “El racionamiento eléctrico 1992: Antecedentes, Causas y Responsabilidades”, que fue presentado al Presidente, al Congreso de la República y al Procurador General de la Nación.
En particular, la Contraloría encontró entonces que “uno de los principales factores que contribuyeron al desmedro del parque térmico fue el parámetro de costo de racionamiento utilizado en el planeamiento y la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), esto último en razón a que el costo de racionamiento era bajo en relación con el costo económico”.
Adicionalmente y como situación coincidente con la circunstancia actual de la salida de Guatapé, en dicho informe se resalta como una causa coyuntural que “Dada la importancia del sistema Nare-Guatapé-San Carlos para el SIN, su comportamiento atípico ha sido determinante en el actual racionamiento; más aún si se tiene en cuenta que el nivel probabilístico acordado por las empresas para la administración del sistema se encontraba en el 80%. EPM tiene a su cargo la misión de informar con detalle la evolución del embalse de El Peñol, no obstante que el manejo de ese complejo hídrico antioqueño se realice de manera integrada, pero no cumplió esa tarea en la coyuntura aquí analizada.”
Este hecho alerta hoy de manera contundente a la CGR dado que la probabilidad condicional que se presenta para un caso de corte eléctrico se aumenta con la ocurrencia de los eventos antes mencionados.
Para el Contralor Edgardo José Maya Villazón “es relevante hacer reflexiones de política pública energética donde se ponga en equilibrio la administración de los riesgos operativos, de funcionamiento del sistema eléctrico y patrimoniales de los agentes, de tal manera que se privilegie el aseguramiento del esquema de abastecimiento y suministro de energía eléctrica de mediano y largo plazo, sin afectar la competitividad del país y el bienestar de la sociedad”.