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Gobierno

Contraloría investiga Planes Departamentales de Agua

El ente de control estableció 62 hallazgos fiscales por $32.282 millones, en proyectos que iniciaron su ejecución sin estudios previos.

Agu potable

Se encontró que algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos adecuados y fueron contratados sin contar con los permisos, concesiones y licencias ambientales o sanitarias.

Archivo EL TIEMPO

POR:
Portafolio
marzo 08 de 2022 - 11:31 a. m.
2022-03-08

La Contraloría General de la República (CGR) estableció 62 hallazgos con presunta incidencia fiscal en cuantía de $32.282 millones en 17 departamentos donde evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA). En total, determinó 226 hallazgos administrativos, de los cuales 210 tienen posible connotación disciplinaria, dos presunto alcance penal, 16 dan lugar a la apertura de indagación preliminar y nueve tienen otras incidencias.

(Subsidio de vivienda: ¿por qué tantos retrasos para entrega de casas?). 

Uno de los departamentos con la mayor cuantía de hallazgos fiscales es Magdalena (2 por $11,290 millones). También resaltan Cauca (5 por $3.823 millones), Córdoba (4 por $3.313 millones) y La Guajira (6 por $2.010 millones).

Las principales deficiencias encontradas por la Contraloría tienen que ver con deficiencias en la planeación y ejecución contractual, donde algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos adecuados y fueron contratados sin contar con los permisos, concesiones y licencias ambientales o sanitarias. También hay falta de liquidación de contratos con plazo de ejecución vencido, los cuales no cuentan con las correspondientes actas de liquidación y terminación. Además, hay pago de bienes o servicios no recibidos o instalados.

(Contraloría pone lupa en proyectos financiados con regalías en Guajira). 

Otra deficiencia tiene que ver con la persistencia generalizada de incumplimiento de cronogramas, donde el ente de control evidenció que muchos de los contratos presentan retrasos relevantes y han sido objeto de frecuentes suspensiones, lo que genera incertidumbres sobre su culminación y puesta en funcionamiento a fin de satisfacer las necesidades sociales de los servicios de acueducto y saneamiento básico.

Así mismo, la CGR encontró que algunas obras quedaron inconclusas, es decir, existen obras concluidas y contratos liquidados sin que se hayan puesto en funcionamiento y al servicio de la comunidad a la que están destinadas.

Por otro lado, encontró posibles daños al patrimonio público, como sobrecostos en la contratación y adquisición de bienes y servicios, el pago de anticipos que no fueron debidamente amortizados, ni manejados adecuadamente en las cuentas bancarias abiertas al efecto, debilidades en la supervisión e interventoría y en la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos, e insuficiencia en el seguimiento, monitoreo y evaluación.

(Alertas de la Contraloría permitieron reactivación de 35 grandes obras). 

Además, en la mayoría de las obras evidenció debilidades en la planeación de los proyectos, es decir, son proyectos formulados sin el cumplimiento de los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para su correcta viabilización. Y también sin cumplir las normativas ambientales.

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