En Colombia son expedidas más de 2.000 normas al año

En los últimos 20 años, el Ejecutivo ha firmado 31.727 resoluciones, cerca de 13.000 decretos y 560 circulares, según Planeación.

Simplificar las normas es uno de los objetivos del Gobierno del presidente Duque.

Simplificar las normas es uno de los objetivos del Gobierno del presidente Duque.

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agosto 20 de 2019 - 10:00 p.m.
2019-08-20

La excesiva cantidad de normas que se expiden en Colombia está cerca de alcanzar las 50.000 en lo que va corrido del siglo XXI.

Así lo concluye un reporte hecho por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que, con base en los registros del Diario Oficial de Colombia, determinó que, en promedio, en el país se expidieron en casi dos décadas 45.252 documentos, entre decretos, circulares y resoluciones.

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En plata blanca, esto quiere decir que cada año salen a la luz pública más de 2.200 iniciativas de la Rama Ejecutiva, lo que da un promedio de algo más de seis cada día.

Es más, solo entre enero y mayo de este año, se emitieron 448 decretos, de los cuales solo el 12,5% son de carácter sustancial, es decir, incluyen cambios de fondo en el ordenamiento jurídico colombiano.

SEIS POR DÍA

El informe se desprende del primer reporte del Observatorio de Mejora Normativa, hecho en conjunto por Planeación y la Imprenta Nacional, que, inicialmente, cuenta con 20 años de la publicación de decretos en la rama Ejecutiva del orden nacional.

Para la directora del DNP, Gloria Amparo Alonso, “incorporar este tipo de análisis sobre el inventario de normas es importante pues nos permite levantar datos para incrementar la eficiencia interna, mejorar la efectividad del marco regulatorio y reducir la carga normativa sobre ciudadanos y empresas”.

En tanto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo y exdirector del DNP, señaló que “lo que salió fue una iniciativa que se trabajó en Planeación desde hace varias años, enmarcada en el contexto de proceso de acceso a la Ocde, donde se buscó entender los procesos de mejores prácticas de regulación. El primer paso fue hacer un inventario de las normas que salían y se halló que en el país hay un problema de inflación normativa”.

Y agregó que “la segunda parte para resolver el problema es que esto genera, por un lado, inseguridad jurídica, pero además dificulta la comprensión de la regulación, entonces se comenzó a incorporar el análisis de impacto normativo (AIN), es decir, analizar a fondo de cómo emitir una norma, revisar si es necesario hacerlo y estudiar su costo-beneficio”.

Por ahora, según Mejía, hay unos pilotos de estos AIN, pero en su concepto, es vital que se adopten como práctica común en las entidades. “Seguramente, en el mediano plazo mejorará la calidad de las normas, que es el tema de fondo, pero aún falta ese paso definitivo, que es dar fuerza a los AIN, a través de una directiva presidencial o una ley, que los haga obligatorios”.

Volviendo a la plataforma del DNP, allí se desagrega si una norma es ‘sustancial’ o ‘no sustancial’. Las primeras se refieren a aquellas que relacionadas con aclaraciones, fijación de salarios, autorizaciones, condecoraciones, encargos, cambios, honores, nombramiento, retiros, vacaciones, entre muchas otras.

Uno de los sectores más afectados con la cantidad de normas que se firman a diario en Colombia es, precisamente, el empresariado, ya que esto no les permite tener seguridad jurídica.

De acuerdo con un informe publicado hace unos meses por la Andi, “en Colombia la incertidumbre jurídica sigue siendo una de las principales limitantes de la competitividad. Hemos tenido reformas tributarias recurrentes, la legislación laboral está sujeta a permanentes cambios, en las consultas previas no hay claridad en los procedimientos, las consultas populares han venido aumentando, la regulación empresarial es volátil y hay cambios normativos frecuentes”.

DEPURACIÓN

Este panorama llevó a que el Congreso aprobara una ley de depuración normativa, con la cual se buscaba borrar, de tajo, más de 10.000 normas expedidas en las últimas décadas.

Sin embargo, entre ese grupo se incluyó –entre otras– la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procesamiento Penal), bajo la cual se están procesando varios casos, motivo por el cual el presidente Iván Duque rechazó la norma por inconveniente. Este error llevó a que la ley quede en stand-by unos meses, mientras el Legislativo tramita las objeciones y la vuelve a enviar a sanción presidencial.

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