La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves que formulará cargos contra ocho altos ejecutivos por el caso Reficar. Así mismo, ocho personas más serán llamados a interrogatorio y 13 estarán citados a declaración jurada para establecer los multimillonarios sobrecostos de la Refinería de Cartagena.
Según el fiscal, Néstor Humberto Martínez, entre las irregularidades se evidenció el pago duplicado de costos, facturas no validadas y otros gastos extravagantes.
(Lea: Planes de incentivos y altos sueldos, algunos de los polémicos costos de Reficar).
Para Martínez, el caso Reficar es el mayor descalabro desde el punto vista financiero y de ejecución contractual del país, en el cual "la Nación terminó pagando bienes y servicios no prestados al proyecto".
De acuerdo con la Fiscalía, el peculado en este caso asciende a más de $610.000.
Entre los imputados están: Orlando José Cabrales Martínez, presidente Reficar entre 2009-2012; Reyes Reinoso Yañez, Presidente de Reficar entre 2012-2016; Felipe Laverde Concha, Vicepresidente Jurídico (2009-2017); Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol 2008; Nicolás Isaksson Palacios, líder Grupo Legal Reficar (2013-2017); Philip Kent Asherman, representante Legal CB&I (2010); Massoud Deidehban, Director Proyectos y Representante Legal CB&I (2009); Carlos Alberto Lloreda Silva, Revisor Fiscal Reficar (2013-2015).
('Error en cálculo inicial encareció obras en Reficar').
Los llamados a imputación de cargos deberán responder por conductas tipificadas como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.
Así mismo, el ente investigador citó a interrogatorio a ocho personas más, entre ellos a los expresidentes de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy (2007-2015) y Isaac Yanovich Farbaiarz (2002-2006).
También tendrán que rendir su versión ante la Fiscalía, Jaime Leonardo Flórez Muñoz, Jorge Enrique Carvajales Orozco, Andrés Virgilio Riera Burelli, Richard Cohen, Sergio De la Vega Jiménez y Christian Augusto Mantilla Daza.
Además, como complemento de la investigación, la Fiscalía General de la Nación llamará a declaración jurada a 13 los miembros de juntas directivas de Ecopetrol y Reficar, durante el periodo de ejecución del proyecto.
LAS IRREGULARIDADES QUE LA CONTRALORÍA HALLÓ
El costo del proyecto, según la Contraloría, pasó de 3.460 millones de dólares en el 2009 a 8.016 millones de dólares cuando finalizó en el 2016. Así, de una rentabilidad esperada de 16,1 por ciento se pasó a una del 4,35 por ciento.
La cifra es de seis veces el daño fiscal de Saludcoop, el más grande del país hasta ahora, que fue de 1,4 billones de pesos.
En marzo de este año, la Contraloría calculó que el daño fiscal por las irregularidades en la Refinería de Cartagena (Reficar) son de 4.144 más un lucro cesante de 1.936 millones de dólares por la entrada tardía de la operación, es decir, 6.080 millones de dólares.
La cifra es de seis veces el daño fiscal de Saludcoop, el más grande del país hasta ahora, que fue de 1,4 billones de pesos.
Algunos de los hechos encontrados fueron:
- Tan solo en el arriendo de baños portátiles para los miles de empleados que construyeron la Refinería de Cartagena (Reficar) hubo sobrecostos por más de 9.597 millones de pesos.
- Las irregularidades en la contratación equivalen a 943 millones de dólares, a los que se suman 1.936 millones de dólares “que no ingresaron al patrimonio del Estado por la demora de 27 meses del proyecto”.
- Reficar no se desarrolló bajo un modelo de buenas prácticas. Comenzó obras sin los diseños y solo cuando ya se había construido el 52 por ciento del proyecto se tuvieron los estudios definitivos.
- Ecopetrol seleccionó como socio estratégico a Glencore International A. G., por encima de la brasileña Petrobras, a pesar de que la primera “no certificó experiencia alguna en el desarrollo de proyectos de refinación”.
- Se aprobó un plan de incentivos superior a los 80.000 millones de pesos, “con el único propósito de terminar rápidamente la refinería y a pesar del incumplimiento de las metas”.
- Sobrecostos inaceptables como el pago de llamadas telefónicas y costos de minibar no justificados por 7.947 dólares por parte de la compañía CB&I; o el pago de 724 millones de pesos por el alquiler de 30 buses que nunca se usaron, entre otros. En el alquiler de 84 grúas hidráulicas se dio un daño fiscal por 37.000 millones de pesos, de acuerdo con el informe.
- Solo la maquinaria sin entrar en operación deja un detrimento de más de 1.500 millones de dólares.
Funcionarios llamados a proceso fiscal por la Contraloría:
Entre los funcionarios llamados en el proceso fiscal están quienes hacen o hicieron parte de la junta directiva de Ecopetrol. Ellos son el ministro Mauricio Cárdenas, el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry Garzón, el exmiembro de la junta directiva Fabio Echeverry Correa, el exministro Mauricio Santa María Salamanca, además del ministro Luis Carlos Villegas. La Contraloría también abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Hernando José Gómez, Carlos Rodado Noriega, Federico Rengifo Vélez, Joaquín Moreno Uribe, Ana Fernanda Maighuasca, Amilkar Acosta Medina, Roberto Steiner Sampedro, Jorge Pinzón Sánchez, Tomás González Estrada, Luis Fernando Ramírez A, Gonzalo Restrepo, Horacio Ferreira y Henry Medina González.
Los contratistas que serán investigados son Chicago Bridge & Iron Company, CBI Chigado Bridge & Iron, CB&I UK Limited, CBI Colombiana S.A., Foster Wheller Usa Corporation y la firma Process Consultants Inc.
