El Gobierno colombiano guarda aún hermetismo sobre la manera cómo afrontará la demanda que le acaban de interponer las empresas Cosigo Resources y Tobie Mining and Energy en un tribunal internacional, en la cual tienen pretensiones por 16.000 millones de dólares; de ser condenada Colombia, esto le traería grandes problemas económicos al Estado.
Portafolio le siguió la pista al proceso en varias instancias, pero no halló muchas respuestas. Una fuente de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (Andje) indicó que aunque sí están brindando apoyo, el caso es de competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues la reclamación de Cosigo y Tobie fue realizada alegando una violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. “El tema está siendo estudiado por los abogados y técnicos del Ministerio”, dijo una fuente del Mincomercio, sin dar más detalles.
Aunque ya la minera Eco Oro y la empresa de telecomunicaciones América Móvil (propietaria de Claro) anunciaron su intención de demandar supuestas violaciones al TLC con México, así como laboratorios Novartis por presunto incumplimiento al tratado que suscribió el país con Suiza, debido a los que consideran cambios en las reglas de juego que los afectan, la de Cosigo y Tobie es la primera que se ha hecho efectiva hasta ahora.
La cita que le pusieron las firmas de Canadá y Estados Unidos al Gobierno es ineludible porque el tratado obliga a acudir, aunque, según un experto al que consultó este diario el sustento de la reclamación sería fácil de rebatir.
La demanda fue radicada el 19 de febrero pasado en la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), en la ciudad de Houston (Texas-Estados Unidos), donde Cosigo y Tobie piden que se desarrolle el litigio. Para defender sus intereses contrataron tres abogados y ya eligieron a Brian Coleman como su árbitro, de manera que esperan a que Colombia nomine el suyo. El tercer árbitro debe salir de un acuerdo entre ambas partes y si no se logra así, se definirá por sorteo.
Ambas empresas invocan el artículo 10.16 del acuerdo de promoción de la inversión, que se encuentra dentro del texto del TLC, y que estipula el arbitraje internacional como manera para dirimir posibles conflictos.
El centro del debate
El caso tiene que ver con el contrato minero IGH-15001X correspondiente a la concesión Taraira Sur, ubicada en el departamento de Vichada, en límites con Brasil. Según relatan en la demanda, Tobie realizó estudios geológicos en la década de 1980 en un área donde se practicaba la minería a pequeña escala e identificó un yacimiento de oro que tendría unos dos millones de onzas de muy buena calidad del metal precioso.
Así, inició el trámite para los permisos de explotación. Luego transfirió la mayor parte de sus derechos a Cosigo, que cotiza en la bolsa de Canadá, pero en el 2015 recuperó de nuevo buena parte de ellos. El área está dentro de una zona que el Gobierno declaró de interés nacional para la minería en 1987.
Por otra parte, en el 2007 la Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis (Aciya), en representación de los habitantes ancestrales de la región emprendió el proceso para que el Gobierno declarara su territorio parque nacional y realizó una audiencia pública en la que la mayoría votó que así fuera, con la consecuencia de que se prohibiera cualquier explotación minera adentro.
Dos días de diferencia
La concesión a favor de Tobie Mining se suscribió finalmente el 29 de octubre del 2009, pero la declaración de creación oficial del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis aparece con fecha del 27 de octubre, dos días antes, y por tanto prevalecería sobre este. Ese fue el motivo para que en el 2013 la Agencia Nacional de Minería (ANM) declarara la caducidad del título y la suspensión total del contrato de concesión a Tobie.
El representante de Cosigo, Andrés Randle ha reclamado que el trámite del parque se hizo de manera exprés y que la consulta previa a las comunidades indígenas se hizo en solo 26 días, cuando normalmente toma meses. Además, asegura que muchos firmaron sin saber lo que decidían.
Así mismo, la Asociación de Comunidades Indígenas de Taraira y Vaupés (Acitava), demandó la consulta con el argumento de que estuvo viciada. La Corte Constitucional le dio finalmente la razón a Aciya en septiembre del 2015 al declarar legal la existencia del parque y ordenar la suspensión inmediata de la minería en sus predios. Pero además, el alto tribunal deja constancia de que hubo una “injerencia indebida” de Cosigo.
Esa firma, según menciona ella misma en la demanda ante la AAA, le ofreció a Acitava el 20% del oro que se sacara de Taraira Sur, sin hacer ninguna inversión. En la demanda también acusan a dos funcionarias de la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia y de la ANM, así como a la Fundación Gaia Amazonas, de participar “en una conspiración civil para cometer fraude y obligar a la existencia del Parque Yaigojé Apaporis” y expropiar indebidamente la concesión “sin proporcionar ninguna compensación”.
En otro aparte, Cosigo y Tobie solicitan que les reconozcan once millones de dólares que dicen haber invertido en el proyecto y 16.500 millones de dólares que serían el valor ponderado del oro que hubieran sacado.
Portafolio buscó el pronunciamiento de Cosigo, pero sus voceros estaban de viaje y dijeron que solo estarían disponibles este martes.
Martín von Hildebrand, presidente de Gaia, dijo que su única participación en el tema fue la asesoría que le brindaron a Aciya para la consulta y que no entiende por qué Cosigo y Tobie los nombran en una supuesta conspiración.
