Gobierno intervendría 423 minas que se encuentran en abandono

Estudio de la Universidad Nacional propone medidas para recuperar áreas donde se desarrollaron tareas mineras.

Minería

En la caracterización se identificaron 274 Amea de Oro, 99 de carbón, 49 de materiales de construcción y una de arena.

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Portafolio
noviembre 20 de 2018 - 10:23 p.m.
2018-11-20

En una verdadera papa caliente se han convertido para el Estado las llamadas Áreas Mineras en Estado de Abandono (Amea).

La razón, aunque se supone de buena fe que desarrollaron una operación de extracción legal, y no se sabe a ciencia cierta si poseen título, el verdadero problema está en que no se realizaron los protocolos adecuados para el cierre de la operación.

(‘En 2019, inversión minera estaría por encima de US$1.500 millones’). 

Como consecuencia, se ha generado una vulneración al medio ambiente, con afectación en las fuentes hídricas y destrucción de los ecosistemas, viéndose afectadas las comunidades en las zonas de influencia.

Ante la situación, al Estado no le quedará más camino que trazar una hoja de ruta para intervenir estas áreas con el fin de atender a la mayor brevedad el impacto que dejó la tarea minera en esos territorios.

Un estudio desarrollado por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, y al cual tuvo acceso Portafolio, identificó, como punto de partida, 423 Amea, de las cuales 361 están localizadas en el departamento de Antioquia, 40 en Vichada y 22 en Guainía.

Y su contenido tiene como fin identificar no solo el área, tipo de minería y material extraído, sino además establecer el nivel de riesgo, escala de priorización, medidas de intervención y verificación de la mitigación.

(Carbón, oro y esmeraldas, las cartas de la minería en el 2018).

Así, la estrategia busca intervenir las minas abandonadas con programas que promuevan su recuperación, y de paso que se reduzcan los riesgos derivados de la operación con el desarrollo de líneas institucionales en el marco de un desarrollo sostenible.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación académica de 405 páginas contó con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

Para esta primera línea de trabajo, el citado estudio indicó que de las 423 Amea, 132 (31%) corresponden a explotación en cielo abierto y 291 (69%) son de operación subterránea.

“En lo referente al mineral extraído, se caracterizaron en total 274 Amea de oro, 99 de carbón, 49 de materiales de construcción y una de arena”, señala la investigación de la Universidad Nacional.

Los municipios donde se identificaron las Amea son Amagá, Angelópolis, Venecia, Andes, Remedios, Segovia y Nechí en Antioquia; Puerto Carreño y Cumaribo en Vichada; y Puerto Inírida en Guainía.

El contenido del estudio resalta que se identificaron 68 Amea que, por sus “condiciones críticas actuales” vulneran el bienestar de la comunidad, el medio ambiente y la infraestructura aledaña, por lo tanto serán intervenidas de manera inmediata.

Para este caso, las cabeceras de Nechí (36) y Segovia (15) registran el mayor número de situaciones.

“El municipio de Nechí fue priorizado por alerta social, en razón del diagnóstico técnico y los valores de vulnerabilidad, cuyos criterios fueron las afectaciones al medio ambiente y las comunidades rurales identificadas por efecto del desarrollo indiscriminado y poco técnico de explotaciones auríferas informales”, resalta el informe.

Los mayores males que fueron identificados en las Amea subterráneas están relacionados con inundaciones en los socavones en épocas de lluvia y la remoción de masas que generan los deslizamientos al interior de las minas.

INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN 

El estudio de la Universidad Nacional propone 22 medidas de intervención para la eliminación, reducción o mitigación del riesgo que presentan las 423 Ameas identificadas en la línea base.

Así, entre la lista de obras que se ejecutarían, sobresalen las zanjas de coronación, los canales perimetrales y los sedimentadores que además de evitar que ingrese el agua a los socavones, las canaliza hacia las “zanjas de coronación”, donde se retira el material que viene en arrastre con el líquido.

Además, se establecería una cobertura vegetal, a partir de las especies nativas presentes en la zona de influencia “para favorecer la recuperación ecosistémica del área intervenida”.

El sellamiento de la bocamina también es otra de las medidas que resalta el estudio. Se propone la implementación de tapones en concreto para evitar el ingreso de personas y/o animales al interior de los túneles, o para evitar un uso inadecuado de ellos.

De igual manera, el terraceo, la disminución de la pendiente y las zanjas de coronación, que también hacen parte de la lista, eliminarían el riesgo en los taludes a partir de la construcción de bermas.

Al respecto, el estudio resalta que “por medio del uso de maquinaria, se retira material del talud comenzando desde la cota superior, para disminuir las cargas que ejercen y ayudar a la estabilización del mismo”.

También llama la atención la demolición de la obra civil y el retiro de la estructura y los equipos.

“El desmontaje de la infraestructura minera en mal estado presente en la Amea, evita lesiones personales y animales debido a su colapsamiento, al igual que el retiro de equipos que pueden afectar el suelo y el agua por la generación de lixiviados”, dice el estudio.

La reubicación de familias aledañas a las minas es otro de las propuestas plasmadas en el informe.

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