El Gobierno lanzó ayer la Política de Estabilización ‘Paz con Legalidad’, una estrategia que llegará a 11.000 veredas de 16 subregiones en 170 municipios, y beneficia a 6,6 millones de personas, 2,5 millones de ellas víctimas de la violencia.
A través de los denominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Gobierno atenderá al 24% de la población rural del país, de la cual, el 57% está en situación de pobreza multidimensional.
El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, dijo que la idea del Gobierno es erradicar la violencia de los lugares que la han soportado durante décadas. “Este es un fenómeno que ha repercutido en todo el país, que ha trastornado la sociedad y se ha evidenciado en violación de los derechos humanos, asesinatos, narcotráfico y pobreza. Es un tema de justicia y de seguridad nacional”, indicó el funcionario, quien además aseguró que el programa tiene como objetivo suplir las necesidades de las víctimas, sobre la trascendencia de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias que avanzan en la sustitución de cultivos, para se mantengan fieles a la legalidad.
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El programa les dará prioridad a las víctimas en la estabilización de las zonas PDET.
La Unidad de Víctimas preparará un documento de planeación que será tenido en cuenta para la ‘hoja de ruta’, principalmente los de reparación colectiva y retornos.
El presidente de la República, Iván Duque, y su Consejero de Paz, insistirán en la importancia de lograr justicia, reparación, verdad y no repetición, y para lograrlo usarán todos los instrumentos que se prevén en la ley.
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En materia de tierras continuarán trabajando en la constitución del Fondo, se adoptará una estrategia a cuatro años para que cada una de las fuentes de tierras pueda maximizar su contribución; se asegurará que los medios legales garanticen los derechos de los legítimos titulares.
El Catastro Rural Multipropósito también será prioritario y su coordinación será atendida en el primer semestre de 2019.
De la misma manera, se busca la formalización a partir de los municipios, cuyo proceso se financiará con recursos de regalías (Legalización, jurisdiccional, administrativa). Se propone que en estas zonas se puedan usar vigencias futuras de ingresos por regalías para formalizar su catastro.
En cuanto a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se crearán centros de conciliación en las zonas PDET.
También se apoyarán los esquemas asociativos con el fin de buscar el desarrollo organizacional y empresarial agropecuario. Se delimitarán las acciones a 15 años, definidos en el PMI, especificando las metas y recursos para el período de Gobierno 2018-2022.