Un día después de que el Consejo de Estado decretara la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional del decreto 0227 de 2023, el cual le daba control sobre la regulación de los servicios públicos al presidente Gustavo Petro, este se pronunció sobre la decisión.
El mandatario cuestionó la determinación y dijo que está en discusión jurídica sus facultades constitucionales para regular y controlar los servicios públicos, algo que, agregó, "está escrito en la constitución".
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"Ahora parece que como Petro es el presidente, entonces no puede tener sus facultades constitucionales", agregó desde San Andrés, donde se reunió con la comunidad.
El jueves 2 de marzo, el Consejo de Estado resolvió una solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao.
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"Se decreta la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227 de 16 de febrero de 2023, acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, por los ministros: de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y de Vivienda Ciudad y Territorio, y por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveído", decidió el Consejo de Estado.
Agregó que "el despacho pone de presente que esta medida cautelar de suspensión provisional se traduce en que las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios seguirán ejerciendo, de manera ordinaria, todas las funciones que le fueron asignadas en las Leyes 142 y 143 de 1994, y demás normas concordantes, en los términos señalados en esta decisión”.
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Y cerró diciendo que "No se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el Presidente de la República pretenda asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG y a la CRA”, dice el documento del Consejo de Estado".
A mediados de febrero, el decreto 0227 de 2023 fue firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro; por los ministros de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, y Vivienda, Ciudad y Territorio, y por el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional.
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El documento establecía que el mandatario reasumiría las funciones generales delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Esta decisión se tomó con base al artículo 68 de la ley 142 de 11 de julio de 1994 y regiría por tres meses (entre el 16 de febrero y el 16 de mayo de 2023).
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