Como un acto violatorio de la Constitución, los derechos humanos y la ley, calificó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, las que serían nuevas interceptaciones ilegales contra líderes políticos, magistrados y periodistas.
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De acuerdo con Trujillo, sobre la denuncia fue hecha este fin de semana la revista Semanal, "se procedió a abrir una investigación para esclarecer los hechos, la cual contará con todo el apoyo del Ministerio de Defensa".
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No obstante, el jefe de la cartera de Defensa señaló que sobre el nombre del congresista del Centro Democrático, el cual señaló la revista Semana, habría recibido la información proveniente de las interceptaciones ilegales, indicó que lo "único que se conoce es el texto del escrito".
Carlos Holmes Trujillo agregó que si, en las investigaciones que se realicen por las denuncias, se determina que hay "culpables" dentro de las Fuerzas Armadas, estos "serán sancionados con todo el peso de la ley".
Así mismo, el Ministro reiteró que la salida del general Nicacio Martínez, de la comandancia de las Fuerzas Militares, se debió a razones familiares, tal como se informó una vez se conoció su retiro, y detalló que durante la investigación procederán con el concepto de "la presunción de inocencia".
El ministro Carlos Holmes aseveró que "el Ejército es una institución respetable" y le pidió a la ciudadanía confianza en "las instituciones" y las labores que se desarrollen para investigar estas denuncias.
Durante la rueda de prensa, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las FF. MM., detalló que "para los casos de inteligencia y contrainteligencia se tiene una normativa clara" y por esto quienes "se hayan salido" de estos parámetros "tendrán que responder de forma individual".
Del mismo modo, el general Navarro señaló que el equipo en el cual se habrían realizado las interceptaciones "llegó el 14 de diciembre para adelantar las labores de ciberinteligencia" y este es manejado "por personal especializado y certificado".
Y agregó que "el compromiso es facilitar a los procesos investigativos de la Fiscalía y la Procuraduría para que se pueda llegar pronto a la verdad".
El reportaje de Semana aseguró que las interceptaciones presuntamente las realizó el Ejército el año pasado desde instalaciones de dos guarniciones militares: el Batallón de Ciberinteligencia (Bacib) y el Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi).
Uno de los uniformados que habría participado en esas operaciones le contó a Semana que recibía órdenes de sus superiores, y les entregaban un número celular o un correo electrónico, sin mayor información.
En un caso, dijo, le ordenaron una interceptación a una supuesta oficial que estaba afectando los intereses del Ejército, pero cuyo número resultó ser el de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, quien se convirtió en 2018 en la primera militar en ser magistrada de alta corte –venía de la Justicia Penal Militar–.
“Le preguntamos a los mandos si había un error (...) nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”, cuenta el testimonio que publicó Semana.
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