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Gobierno

Lista resolución para aumento de matrículas y pensiones en el 2022

A través de ella se establecen parámetros para la fijación de tarifas en establecimientos privados de educación preescolar, básica y media.

Colegios

El aumento en general en las instituciones privadas será del 4,4 por ciento, lo que corresponde al valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mauricio Moreno. EL TIEMPO

POR:
REDACCIÓN EDUCACIÓN
octubre 28 de 2021 - 05:24 p. m.
2021-10-28

El Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución 019770, a través de “la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2022”.

De esta forma, la cartera educativa sostiene en el documento que el aumento en general en las instituciones privadas será del 4,4 por ciento, lo que corresponde al valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

(Los mejores colegios del país, según el listado de Sapiens Research). 

Sin embargo, este valor puede ser superior dependiendo de diferentes variables. Por ejemplo, se establece que los establecimientos del sector “que soporten que el pago de salario de al menos el 80 por ciento de sus educadores se sujeta a la escala de remuneración que fija anualmente el Gobierno Nacional para los docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, podrán aumentar sus tarifas en 2,5 puntos porcentuales adicionales”.

Esto, sumado a otras variables como el régimen al que pertenezca el colegio, inversiones en bioseguridad, entre otras, permitiría un incremento total de hasta el 7,7 por ciento.

La misma resolución establece que en caso de que las familias no realicen el pago oportuno de los valores de matrícula o pensiones, “los establecimientos educativos de carácter privado de preescolar, básica y media podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes, a menos que los padres o responsables de esta obligación puedan demostrar imposibilidad de pago por justa causa”.

(Faltan 2’898.352 estudiantes por regresar a los colegios públicos). 

Pese a ello, el ministerio recordó que el no pago no les da facultades a las instituciones de negarles la prestación del servicio y que “en ningún caso cuentan con autorización para impedirles presentar evaluaciones, retirarlos del salón de clase, excluirlos de participar de actividades pedagógicas, y demás actividades académicas”.

La resolución también señala que los establecimientos educativos no pueden incurrir en prácticas restrictivas cuando realicen la solicitud de materiales educativos y no pueden exigir proveedores ni marcas específicas, ni establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores en la provisión de estos materiales.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

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