A través de la resolución 2809 del 30 de diciembre, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) promedio del 2023 subirá 16,23%, y quedará en $ 1’289.246 para el régimen contributivo y en $ 1’121.396 para el subsidiado.
Este valor para el régimen subsidiado representa un aumento de cuatro puntos porcentuales frente al planteado en el primer borrador de resolución.
Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, considera la noticia como un hecho positivo y destaca la gestión de la ministra de Salud, Carolina Corcho, al revisar técnicamente el tema y trasladar a la comisión asesora de beneficios, tarifas y condiciones de operación del aseguramiento en salud las inquietudes manifestadas tras el primer borrador.
“Aunque la decisión es una muy buena señal, debemos seguir trabajando para lograr la viabilidad financiera del sistema”, afirma Dávila.
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En todo caso, Dávila manifiesta que la UPC del régimen subsidiado sigue estando varios puntos porcentuales por debajo de la del contributivo, lo cual refleja que aún falta mucho para lograr la meta de igualar las primas puras, según lo establecido en la Ley Estatutaria en Salud (Ley 1751 de 2015) y la sentencia C-313 de 2015 de la Corte Constitucional.
Del mismo modo es importante recordar que la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, siguiendo los lineamientos impartidos en el Auto 411 de 2016, ordenó equipar la prima pura del régimen subsidiado con la del contributivo al 95 por ciento.
El comportamiento histórico de la UPC del régimen subsidiado en comparación con el contributivo muestra que en los años 2019, 2020 y 2021 se logró la equivalencia del 95 por ciento, mientras que para el año 2022 nuevamente se presentó una disminución de este porcentaje y para el 2023, pese al importante incremento anunciado, se ubicará en el 88,91 por ciento.
A eso hay que sumar que, según la resolución, los recursos asignados para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención no aumentaron frente al 2022 y este rubro solo es reconocido para los afiliados del régimen contributivo, por lo que sigue pendiente la igualación de este componente para satisfacer las amplias necesidades de prevención de la enfermedad en la población asegurada en el régimen subsidiado.
Por otra parte, persisten inquietudes frente al acto administrativo expedido.
“Esperamos que exista oportunidad para seguir revisando porque algunos temas críticos que observamos no se aclararon y van a ser necesarios pronunciamientos posteriores. Sin embargo, nuevamente reconocemos el espíritu de esta decisión”, concluye Dávila.
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