‘Nuevo plan de chatarrización tendrá $300.000 millones’

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que la meta es que en el primer año del programa incluya unos 10.000 camiones.

Ángela María Orozco, ministra de Transporte

Ángela María Orozco, ministra de Transporte.

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noviembre 08 de 2018 - 09:53 p.m.
2018-11-08

Pese a la apretada situación fiscal que vive el país, el Ministerio de Transporte logró la reestructuración de vigencias futuras, a través del Ministerio de Hacienda, para darle $300.000 millones al nuevo programa de chatarrización, que iría hasta junio del próximo año.

(Camioneros plantean fórmula para chatarrizar). 


Así lo reveló a este diario la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien también anunció que espera cinco o seis cierres financieros para el programa de autopistas de cuarta generación (4G) de aquí a febrero, habló de la situación del puente Chirajara, la reestructuración de la Superintendencia de Transportes y las medidas para la reducción de siniestros.

¿Qué balance hace de los 100 días de Gobierno?

En términos de infraestructura cumplimos con la meta de tener un documento de política pública que se hizo con la Procuraduría General de la Nación, donde quedan claros cuáles son los principales problemas en los proyectos 4G y las soluciones. De hecho, lo que ha dependido de nosotros ya lo empezamos a destrabar. También estamos ad portas de sacar el Comité intersectorial de infraestructura, el cual será dirigido por la Vicepresidencia y tendrá como fin vincular a todas las demás entidades gubernamentales para revisar todo aquello que esté empantanado.

¿Qué más hitos se vienen con las 4G?

Vamos a dar el acta de inicio de construcción de la vía Villavicencio-Yopal. De igual manera, logramos la transacción en la ampliación del plazo para el puente Chirajara.

¿Cuánto más se va a extender ese contrato?

Lo que dure la construcción, pero además logramos que nos pagaran $8.000 millones a título de como multa. En general, lo que hemos hecho es destrabar varias situaciones que teníamos en el tintero. Y cuando uno se pone a ver, de las 4G habían seis que iban funcionando y que estaban en el 30% de su construcción.

Pero si se miran los avances de las 4G, 16 de los 30 proyectos tienen atrasos...

En realidad, andando solo había seis y hay tres nuevas que hemos venido reactivando, pero las demás, nosotros esperamos que, ojalá de aquí a enero o febrero, tengamos otros seis cierres financieros. La forma de hacerlo es a través de un plan de acción, que ya anunciamos.

Ahora sí, lo que queda son las mesas de trabajo semanales, en las que se involucran contratos de conciliación para retirar los tribunales de arbitramento, con el aval de la Procuraduría.

¿El número de tribunales de arbitramento sigue aumentando?

Pasamos de 31 de hace unos meses a 34. Pero, en realidad, esos nuevos se venían preparando desde hace tiempo, antes de que nosotros llegáramos. Pero yo creo que el hecho de reconocer eximentes de responsabilidad, nos está dando salida. Y ese trabajo, acompañado del sistema de información para las veedurías regionales, cambia radicalmente el enfoque del sector, porque antes la información no fluía.

En materia de transporte, ¿cuáles han sido los avances?

Lanzamos el plan nacional de lucha contra la ilegalidad en el sector de transporte, que está enfocado a 35 municipios, donde están los mayores problemas de seguridad y la mayor siniestralidad vial y ese plan de choque va hasta febrero.

También estamos trabajando en la reestructuración de la Superintendencia de Puertos y Transporte; los decretos ya están en el Minhacienda. Queremos tener una Superintendencia enfocada no solo en los transportadores de carretera, sino en protección al usuario y que sea una entidad que esté preocupada por la prevención.

¿Cuándo estaría lista esa reestructuración?

Yo creo que para la otra semana estarán los decretos, lo mismo con las normas para el Comité Intersectorial de Infraestructura. Y eso ya significará que para todos los que tienen problemas que van más allá del sector, se empezará a gestionar a través de la Vicepresidencia.

Otro de los temas que quiero resaltar es la instalación de las mesas nacionales y regionales del sector de transporte, que están hechas para escuchar las problemáticas de los modos de transporte. Ellos tienen necesidades de reforma de la regulación, y yo creo que hay que hacer una reforma integral.

¿En qué va el rediseño del programa de chatarrización?

En este tiempo logramos la ampliación del plazo para el programa ‘1 a 1’.

Aunque el compromiso era terminar la iniciativa el 31 de diciembre de este año, hubo una discusión con el Gobierno de Estados Unidos y logramos una extensión de ese plazo hasta el 31 de junio de 2019. Desde ese momento, hemos venido trabajando a pasos acelerados para montar un nuevo programa de reposición del parque automotor.

Con eso, logré que el Ministro de Hacienda me aprobara una reestructuración de las vigencias futuras, con el fin de que se le asignen por lo menos $300.000 millones en el presupuesto de 2019 al plan de reposición. Eso va a tener unas fuentes en el futuro, pero eso le dará más confianza a la implementación de ese programa.

Pero los gremios dicen que del programa quedaban unos $500.000 millones por asignar.

¿Qué va a pasar con esa plata?

Nunca se habían asignado más de $100.000 millones al año, por lo que logramos que nos permitieran ajustar unas vigencias futuras y la idea es que tengamos ese dinero disponible para el otro año. Lo que sucede ahora es que estamos montando un nuevo proceso y estamos dando la discusión sobre cuáles deberían ser los incentivos adecuados para que el programa no tenga intermediarios, sea muy simple, y cumpla con el objetivo de que la gente compre un nuevo vehículo.

Con eso, espero que se cree un documento Conpes que entre en aprobación enero y a partir de febrero, se empiece a implementar.

¿Qué responden entonces a las preocupaciones que han manifestado los fabricantes de carros de Estados Unidos frente a ese tema?

Ahora lo que nos interesa es que las autoridades de los Estados Unidos nos dieron el aval hasta el 30 de junio del 2019 para ampliar el programa y así lo estamos haciendo.
Se calcula que hay más de 60.000 camiones por chatarrizar.

Con el nuevo programa, ¿cuántos esperan chatarrizar el otro año?

El programa de renovación es algo que no se hace en seis meses. La meta es que se logren unos 10.000 camiones en el primer año.

Estamos trabajando con Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías para poder sacar un Conpes en enero a más tardar. Una vez montado el plan, ya se empezarán a ver cuáles son las salidas para hacer una transición energética de los camiones a tecnologías más limpias, como el gas.

María Camila González Olarte
marola@eltiempo.com

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