Representantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que iniciaron este lunes un paro agrario en contra de las políticas del Gobierno, pidieron al presidente, Juan Manuel Santos, un trato político y no militar y represivo.
Esto, con el fin de poder llevar a cabo sus protestas.
“Hemos recibido del Gobierno un tratamiento de guerra (...) Es evidente que no hemos contado con las garantías para el libre ejercicio de la protesta, y la situación de derechos humanos se agrava cada vez más”, dijo en Bogotá a los periodistas el portavoz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Fernando Arias.
Durante la primera jornada de la huelga se produjeron concentraciones en las que participaron unas 70.000 personas en 27 de los 32 departamentos del país, y murió un indígena que protestaba en la aldea de La Delfina, Buenaventura.
El fallecido, identificado como Willington Quibarecama Nequirucama, murió cuando cayó de un viaducto al evitar una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante unos enfrentamientos entre agentes y manifestantes.
Arias también denunció que otro de los participantes de las marchas fue herido en el brazo izquierdo por las autoridades con arma de fuego.
Asimismo, advirtió que la manera en la que han sido tratados “no puede ser la de un Gobierno que se precia de defender y buscar la paz”, en referencia a las negociaciones para el fin del conflicto armado con las Farc.
“A pesar de este tratamiento de guerra nos vamos a sostener y vamos a seguir exigiendo los cambios requeridos para el sector agrario nacional. Somos actores civiles y políticos y no se nos puede equiparar a un grupo armado”, aseguró el líder.
La Cumbre Agraria reiteró además su apoyo a las negociaciones de paz que el Gobierno lleva a cabo con la guerrilla.
La protesta se convocó por los supuestos “incumplimientos del Gobierno y la profundización de sus políticas neoliberales que consideran han entregado la soberanía a las transnacionales”, explicó la Onic.
Asimismo, los convocantes se mostraron en contra de la política minero-energética y de las contrarreformas legislativas.
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