Este viernes, la Procuraduría General de la Nación tomó la determinación de suspender por tres meses al presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, dentro de la investigación que se le abrió por el caso de la Triple A.
Esta es la primera suspensión que ordena el Ministerio Público en contra de un funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta investigación también se les abrió a Sebastián Caballero, vicepresidente jurídico de la SAE; a Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la entidad, y a Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Según la entidad, dirigida por la procuradora Margarita Cabello, puede haber una posible falta disciplinaria cometida por los servidores públicos, "derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16 por ciento de las acciones suscritas de Triple A S.A E.S.P.", comunicó la entidad.
Minutos después del anuncio, en su cuenta de Twitter el presidente Daniel Rojas puso un mensaje en el que dice que "nuestra conciencia no tiene precio y nuestro deber es insoslayable, inchantajeable".
Mientras que el jefe de Estado, Gustavo Petro, respaldó a Rojas expresándole toda su solidaridad ante la noticia. "El que encontró la corrupción en la SAE y en la Triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en la SAE con los bienes del narcotráfico y en la Triple A", escribió en Twitter.
En diálogo con EL TIEMPO, el funcionario suspendido habló sobre el tema de la Triple A y el manejo que le ha dado con su equipo: "Cuando llegamos en septiembre se habría hecho el negocio de enajenación temprana de las acciones que la SAE administra, que son el 86 por ciento de la compañía. Y estaba por perfeccionarse, en diciembre pasado, el pago de la última cuota del negocio que se realizó en 2021. Por supuesto la SAE no tiene la experticia técnica para administrar una empresa de servicios públicos".
"Entonces nosotros solicitamos apoyo técnico a quienes saben de servicios públicos, y es la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo que acordamos con ellos fue avaluar Triple A, y ellos cuentan con todos los datos que ninguna empresa valoradora tiene, y encuentra que esa empresa vale 2,4 billones de pesos en un escenario conservador. Lo que a nosotros nos indica que puede haber un indicio de detrimento patrimonial, en tanto el negocio se hizo por 500 mil millones de pesos", dijo Rojas.
Ahora, la Procuraduría resalta que la postura del presidente y los vicepresidentes de la SAE podrían generar un detrimento patrimonial, por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta.
Esa consecuencia, según alerta la entidad, derivaría "en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A", sesión que se hizo el pasado 7 de febrero, cuando se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A.
Frente a la investigación contra el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos, esta se tomó porque él habría sugerido a la SAE suspender el cumplimiento del contrato, "actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales", reportó la Procuraduría.
Carlos López
En Twitter: @CarlosL49
justicia@eltiempo.com
