Ya está puesta la mesa de negociación del alza del salario mínimo para 2023 en donde debaten sindicatos y gremios cuál sería el porcentaje más conveniente. Sin embargo, la tendencia en el país es que no se llegue a un acuerdo entre las partes y el Gobierno tenga que fijar el porcentaje de forma unilateral.
La ley 278 de 1996 establece que si no se llega a un acuerdo el próximo 15 de diciembre, se darán unos espacios para conciliar pues lo que se busca, de forma ideal, es que se concerte.
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"Si definitivamente no hay acuerdo, a más tardar el 30 de diciembre el Gobierno debe fijar la cifra de forma unilateral", explica Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Asimismo, el experto agrega que ha sido contraproducente que el Gobierno fije la cifra aunque esa haya sido la tendencia. En muy pocas ocasiones el país ha logrado una concertación.
"Los gobiernos tradicionalmente han tenido una visión inflacionaria del salario mínimo. Lo trabajaban como una medida antiinflacionaria. Lo que saludable es que las partes se pongan de acuerdo porque son las que tienen los intereses que están en juego", puntualiza Jaramillo.
El experto también destaca que, en este caso, el Gobierno tiene un fuerte interés en la corrección del poder adquisitivo para los trabajadores. Objetivo que está, actualmente, en el centro de la mesa de negociación.
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La selección del porcentaje de alza no es una decisión arbitraria. Tal como expone Jaramillo, el Gobierno tiene unos parámetros que están estipulados en el artículo 8 de la Ley 278 de la Constitución. La normativa impide que cada gobierno de turno fije el salario a su conveniencia.
"Esa normativa, por ejemplo, establece que no puede obviarse el porcentaje de inflación. También, la productividad, el PIB, la contribución de los salarios a nivel nacional y más criterios", expone Jaramillo.
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