En las últimas horas la multinacional minera canadiense GranColombia Gold instauró ante la Dirección de Inversión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una Notificación de Reclamación por cerca de US$700 millones argumentado el incumplimiento de Acuerdo de Promoción Comercial con Canadá.
Un comunicado de la multinacional minera emitido desde Toronto deja en claro que los detalles del proceso se mantendrán en total reserva.
“Respecto a la reclamación presentada al Estado colombiano por incumplimiento al Acuerdo de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia y Canadá, que la información concerniente debe ser mantenida bajo confidencialidad, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 305 de 204 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia”, señala el contenido de la nota.
Portafolio pudo establecer con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo que serían tres los argumentos que expone y por los cuales inició el proceso de reclamación.
La primera razón que esbozaría GranColombia Gold es que no ha podido adelantar de forma regular y continua la operación de sus proyectos en Antioquia por la presión del Eln.
La segunda razón, estaría en la demora de la Agencia Nacional de Minería (ANM), así como la de las alcaldías de los municipios de Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas) para darle solución a los amparos administrativos que ha solicitado la multinacional minera y que busca desalojar a la minería ilegal que ocupan las áreas que corresponde a sus títulos mineros.
Para la minera canadiense, la negativa de los mandatarios locales de los citados municipios para ejecutar los amparos administrativos ha llevado a que su operación sea suspendida en varias ocasiones.
La tercera razón que indicaría la minera está en la falta de una acción efectiva o eficaz para hacerle frente a los paros, huelga y disturbios que han generado daños a la infraestructura.
Así mismo, en el citado comunicado resalta que para este proceso la multinacional minera contrató los servicios de asesoría legal en Canadá de la firma Norton Rose Fullbrigth, y en Colombia de la firma De la Espriella, Lawyers/Enterprise.
(Además: ¿Por qué Gran Colombia Gold suspende su actividad minera en Antioquia?)
Cabe recordar que el pasado 12 de octubre, GranColombiaGold radicó ante la citada dependencia del Ministerio de Comercio una Notificación de Intención en la que solicitó la activación del mecanismo de solución de controversias contemplado en el TLC con Canadá.
El trámite en el Ministerio de Comercio para que la mencionada reclamación sea solucionada es de seis meses. Si en dado caso que no se encuentre una solución, será el Tribunal de Arbitramiento del Banco Mundial el que en última instancia dirimiría esta reclamación por parte de GranColombia Gold.
(Además: Las Bacrim les declaran la guerra a las mineras legales)
Esta reclamación de la citada multinacional aparece en momentos en el que la actividad minero energética del país se encuentra casi paralizada por cuenta de la inseguridad jurídica que han generado las llamadas consultas populares que han frenado varios proyectos.
El último de ellos fue la semana anterior en el municipio de Cabrera (Cundinamarca) cuando los habitantes en las urnas le dijeron No al proyecto de construcción de una hidroeléctrica en el río Sumapaz.
Hoy, la Corte Constitucional, definirá el Sala Plena si el proyecto minero de Marmato, que opera GranColombia Gold cumple no solo con las normas operacionales, sino además ambientales.
La falta de reglas claras exigida por gremios como el de la Asociación Colombiana de Minería, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía y la Asociación Colombiana de Petróleo, ha llevado a que la actividad minero energética esté en jaque.
Gremios con la seguridad jurídica
A través de un comunicado, la Andi, ACM, ACP, Acolgen, Andeg, Naturgas, Asocodis y Andesco, hacen un llamado al Estado para trabajar en la construcción de un sistema de estabilidad jurídica que permita contar con reglas de juego claras, que permitan al sector privado jugar su papel en la generación de desarrollo económico y social.
Ofrecer mecanismos que otorguen estabilidad jurídica a las inversiones minero energéticas.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
