En la ley de financiamiento que tramitará el Gobierno Nacional se incluirá una nueva amnistía de activos en el extranjero, que están por fuera de la norma tributaria nacional. Así lo confirmó el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero, durante su intervención en el Congreso de Confecámaras, el pasado viernes.
“Es importante decir que habrá otro impuesto nuevo y es de una normalización tributaria, que se dará ahora que tenemos una nueva Colombia, optimista y que cree en su futuro, en donde los empresarios quieren hacer bien las cosas, porque ven que hay reglas claras y vamos a hacer política de forma recta”, explicó.
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Y agregó que “esta es la oportunidad para que si las personas tienen patrimonios en el exterior, los traigan, declaren y formalicen, y empiecen a tributar en Colombia, de modo que puedan venir para generar empresa acá en el país”.
Esta sería, entonces, una nueva oportunidad para que los contribuyentes ‘limpien’ los activos que tienen en el extranjero, pero que están fuera del radar de la Dian, es decir, sin declarar o pagar por ellos.
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De hecho, hace poco –el 31 de diciembre del 2017– terminó un proceso similar, el cual fue tramitado en la reforma tributaria del 2014, y cuya aplicación les permitió pagar a las personas una tarifa de 31% sobre el valor patrimonial de los activos, más la sanción de extemporaneidad y otros pagos, con el fin de que evitaran la persecución y penalización de los mismos.
Según la Dian, a dicha amnistía se acogieron casi 15.000 contribuyentes, quienes normalizaron activos por valor de $22 billones, cuyo pago de impuestos generó un recaudo nuevo de $2,9 billones.
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Ahora, según lo dicho por Romero, “por lo menos, lograremos recoger $1 billón adicional por esta norma, y la normalización la haremos por una sola vez y quienes no lo hagan, los perseguiremos, ya que nos compartiremos información con todos los países que tenemos firmado acuerdo multilateral, e iremos tras esos patrimonios”.
La búsqueda de dichos activos estará enmarcada, ahora, en la tipificación del delito de evasión de impuestos, creado en la reforma tributaria del 2016, que le permite a la justicia imputar cargos e incluso llevar a la cárcel quienes tengan activos omitidos o pasivos existentes por encima de los $5.000 millones.
FACTURA ELECTRÓNICA
Otro de los anuncios hechos por el director de la Dian fue que se está estudiando si es necesario o no ampliar los plazos para implementar la factura electrónica en la gran masa de negocios colombianos.
“Vamos a analizar si estamos listos con la factura electrónica. Cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta que esta salió, pero es costosa, porque los proveedores están cobrando unos valores altos”, dijo.
Y explicó que: “Estamos precisamente identificando los mejores proveedores en el mundo, ya estamos cerrando negociaciones con el proveedor de las facturas chilenas y mexicanas, que nos garantiza que el costo de esta será menor que el de la factura litográfica”.
Lo anterior, ayudará a que se generalice y sea barato, y el proyecto es que ambas alianzas se den antes de terminar el año, de modo que los plazos actuales se cumplan. Sin embargo, dijo Romero, “necesitaremos un periodo de transición de 6 meses o máximo un año para empezar a funcionar”.
Vale recordar que el pasado 1.° de septiembre comenzó a regir la primera etapa de masificación de la factura electrónica, aplicable, para ese momento, a grandes contribuyentes, pero que la verdadera nacionalización se daría a partir del 1.° de enero del 2019, cuando todos los responsables del IVA e Impoconsumo tengan que facturar de forma electrónica.
Según la Dian, al 30 de agosto, las operaciones con este mecanismo sumaban casi $12 billones, correspondiente a 781 facturadores electrónicos.