Al mejor estilo del gangster Al Capone, quien cayó el siglo pasado por evadir impuestos, en Colombia alistan baterías para aumentar las penas a quienes omiten declarar activos.
Así quedó estipulado en la ponencia del primer debate de la ley de financiamiento, que adiciona un nuevo capítulo de multas y sanciones para quienes cometan este delito, que por primera vez quedó tipificado en la reforma tributaria de hace dos años.
Así, quien lo comenta podría recibir penas de cárcel de entre 10 y 15 años, cifra que hoy no pasa de los 9 años. Asimismo, en la reforma se determina que quienes omitan activos por al menos $3.900 millones serían los potenciales imputables, cifra que actualmente está en $5.600 millones, es decir, habría un mayor margen para perseguir a quienes incurran en el ilícito.
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En cualquier caso, además de pagar las penas privativas de la libertad, quien sea condenado tendría que cancelar una multa del 20% del valor del activo omitido.
Otra de las sorpresas que trae consigo el articulado de la ley de financiamiento, que seguirá su discusión el próximo lunes en el Congreso, es que aplica este accionar delictivo no solo a los contribuyentes evasores, sino también a quienes les ayuden a cometer el delito.
Según la norma “en las mismas penas incurrirán los miembros de junta o consejo directivo, representante legal, mandatario, revisor fiscal, asesor contables o tributario que consientan, toleren y/o asesoren la realización de alguno de los comportamientos”.
Vale aclarar que todo este paquete de medidas aplicarían específicamente para la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, que en otras palabras les permite a los contribuyentes rebajar los valores a pagar o los saldos a favor en su Imporrenta.
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DEFRAUDACIÓN FISCAL
Sin embargo, la persecución a evasores irá incluso más allá de quienes no declaren y paguen impuestos en altas cantidades. En la ley se establece, además, la defraudación fiscal como otra tipificación del delito de evasión tributaria, enfocado más a personas que no declaren ni paguen, pero en menores proporciones.
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De este modo, se le impondría pena de prisión de entre 3 y 5 años a quienes, “valiéndose de cualquier artificio, omita declarar y/o pagar en todo o en parte los tributos que le corresponden de acuerdo con la ley”, reza el articulado. En parte, esto incluiría entonces no solo a evasores de renta, sino de cualquier impuesto como el IVA o el Impoconsumo, dos de los que más se dejan de gravar en el país.
En estos casos específicos, quienes sean condenados recibirán una multa equivalente al triple del monto dejado de declarar y pagar, incluidos intereses moratorios, sin que esta cifra pueda superar los $40.500 millones.
Al igual que en la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, que se estudia como delito diferente, la defraudación fiscal también les aplicaría a asesores o contadores que les ayuden a los contribuyentes a no declarar y/o pagar impuestos al fisco.
En ambos casos, la inclusión de este nuevo capítulo en la ley de financiamiento se dio, incluso, a pesar de que en la reforma tributaria radicada no estaba contemplado. Esto respondió, en parte, a que primero necesitaba el aval del Consejo Superior de Política Criminal, que se prevé fue positivo.
Este fue apenas uno de los puntos nuevos que se incluyó en el nuevo articulado de la ley de financiamiento, radicado el pasado miércoles, el cual tiene 26 artículos nuevos, aun cuando ahora solo recaudaría $7,5 billones y no $14 billones.
Además de los mayores años de cárcel y multas más elevadas para los evasores, el Gobierno y el Congreso, incluyeron, entre otras, más IVA para cervezas y gaseosas, y un Impoconsumo adicional para la venta de viviendas de más de $918 millones.
Solo estos tres puntos hacen prever que los debates que se vienen en el Congreso darán mucho de qué hablar, sobre todo en el último mes de este año.
APOYO GREMIAL
El Consejo Gremial Nacional (CGN) le dio ayer su espaldarazo a la ponencia de primer debate de la ley de financiamiento fiscal, que ha sido suscrita por la mayoría de los ponentes. “Se ha realizado un esfuerzo considerable para introducir, por la vía del recaudo tributario, un mayor grado de progresividad en el sistema fiscal”, digo el CGN.
No obstante, agregó que el rendimiento de la reforma será insuficiente para financiar los gastos contemplados en el presupuesto del 2019, lo que implica “una estrategia de austeridad que proteja el gasto social”. Por último, en el comunicado se detalló que varios gremios del Consejo tienen preocupaciones sobre aspectos específicos de la iniciativa original y del nuevo texto, que expondrán durante los debates.