Hueco presupuestal de 2019 llega a $10 billones

Además, según el Gobierno, aún faltan por financiar unos $8 billones de las rentas de 2020. Piden mayor claridad con las cifras nacionales.

Los debates del Presupuesto General de la Nación 2020 continuarán la próxima semana.

Los debates del Presupuesto General de la Nación 2020 continuarán la próxima semana.

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agosto 13 de 2019 - 10:00 p.m.
2019-08-13

En los pasillos del Congreso se escuchan, de nuevo, dudas sobre cómo financiar las rentas del próximo año, a pocos días de iniciar la discusión de la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2020.

La razón principal tiene que ver con una declaración del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien, en un debate de control político, aseguró que: “Sí, existe una necesidad de encontrar, así como lo discutimos el año pasado, unos recursos para terminar de financiar el presupuesto del próximo año. Esos recursos son aproximadamente de unos $8 billones”.

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Adicionalmente, ayer señaló que: “Tenemos proyectado recaudar $158 billones de impuestos para 2020 (...) y unos ingresos de capital de aproximadamente $25 billones, dentro de eso hay unos temas de manejo de enajenaciones de activos, que consideramos ingresos de capital”.

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Según la primera declaración de Carrasquilla, el quid del asunto estaría en cómo lograr el 0,8% del PIB necesario para completar los $271 billones que se incluyeron en el proyecto del PGN del 2020.

Los detalles se limitan, por ahora, a lo plasmado en el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, en el cual se afirma que, en este frente, el Gobierno busca “intercambiar activos de baja rentabilidad y poca generación de dividendos por otros destinados a la formación bruta de capital fijo, y ayudarán a mantener los niveles de inversión social en bienes públicos que impulsan el crecimiento económico”.

Esta falta de claridad ha sido calificada, en algunos casos, como poco transparente con los colombianos. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “el Ministerio de Hacienda está incumpliendo los estándares internacionales de transparencia presupuestal al no publicar un presupuesto detallado y segmentado por sectores como educación, salud, defensa, deuda, entre otros”.

Y anotó que “si el Congreso aprueba este proyecto de ley como ha sido presentado, automáticamente estará aprobando la venta de empresas como ISA y Ecopetrol sin saber en cuánto las está valorando el Ministerio de Hacienda, y sin que se dé la debida discusión pública”.

A esto se suma que el Ejecutivo les cambió de nombre a los potenciales ingresos que recibiría por la venta de estos activos de la Nación, pues en el Plan Financiero hablaba de “privatizaciones”, pero en la ley del PGN lo relaciona como “disposición de activos”.

Para Alejandro Reyes, economista de la unidad de BBVA en Colombia, Carrasquilla está probablemente eligiendo sus palabras con cuidado. El Gobierno podría estar planeando vender activos sin necesariamente “privatizarlos”, en el sentido de venderlos a inversionistas privados.

De hecho, la Ley del Plan de Desarrollo le permitió hacer una jugada, en la cual podría usar el dinero reservado para proyectos de infraestructura e invertirlo en algunas empresas públicas, de tal modo que el Gobierno se compre determinados bienes a sí mismo, sin necesidad de pasar por el trámite clásico de las privatizaciones.

Esta maniobra ha sido rechazada por diferentes entidades y expertos, entre los cuales está Sergio Clavijo, presidente de Anif, quien señaló que “cada vez parece más oscura y retorcida la idea de recurrir a privatizaciones para gasto presupuestal. Ojalá que se eviten los problemas asociados a Ecopetrol e ISA y se respeten los destinos de la Financiera de Desarrollo Nacional hacia la necesaria infraestructura”.

CASO 2019

La idea del Ejecutivo busca no repetir la situación del PGN del 2019, en el cual no se lograron completar todos los ingresos necesarios para cubrir las rentas aprobadas en el Congreso, por lo cual se tramitó la Ley de Financiamiento.

No obstante, esta tampoco fue suficiente para cubrir el faltante, que, según datos actualizados a junio por el Minhacienda, llega a $10 billones. De estos, un poco más del 60% corresponde al rubro de inversión, mientras que lo restantes es de funcionamiento.

Por sectores, el más perjudicado este año fue el de salud y protección social, en el que se suspendieron $2,2 billones, seguido de hacienda ($1,9 billones) y educación ($1,2 billones). En la fila siguieron hacienda ($1,1 billones), trabajo ($817.000 millones) e inclusión social y reconciliación ($730.000 millones).

Los congresistas y los funcionarios trabajan para que la historia no se repita en 2020, de tal modo que se consigan mayores recursos y así no se recorten apropiaciones, tal y como pasó en 2019.

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