La emergencia sanitaria trajo consigo una amplia crisis económica en el país, la peor en las últimas décadas, e incluso, según varios expertos, la más profunda de nuestra historia moderna.
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De allí que el Gobierno Nacional se viera en la obligación de tramitar otra reforma de corte tributario para sanear las finanzas, mantener la financiación de varios programas sociales e impulsar nuevamente el crecimiento.
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Los aumentos de impuestos suelen ser impopulares. Por esta razón la iniciativa que impulsó a principios de año el Gobierno, mucho más ambiciosa, fue retirada tras el estallido social que se generó en mayo, para dar paso a la Ley de Inversión Social, una tributaria con una meta de recaudo de $15,2 billones entre sus fuentes permanentes.
Entre este plan de consecución de recursos se apostó a la solidaridad del empresariado y se retiraron varios de los beneficios adquiridos con la reformas de 2018 y 2019.
De allí que las principales fuentes, alrededor de $10,6 billones, provienen de la nueva tarifa de renta a las empresas, con la que se buscan $6,7 billones, y la aplicación del descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a solo el 50%, cuando antes estaba en 100%, lo cual dejaría al estado otros $3,9 adicionales.
En el primer punto, el cambio está en que se elevó el impuesto de renta a 35%, lo que representa un incremento de 4 puntos frente a la tarifa de 31% que se tenía para 2021, y que venía de un proceso de desmonte gradual. Además, para el sector financiero se introdujo una sobretasa de 3 puntos, para una tarifa corporativa de 38%.
Además de esto, también se esperan $1,9 billones como resultado de mayor austeridad en el gasto público y $2,7 billones producto de mayores esfuerzos y estrategias para la lucha contra la evasión de impuestos.
Pero la reforma no solo apunta a más impuestos para las empresas, también establece facilidades para las mismas, como es el caso de la ampliación del régimen Simple, al elevar el umbral de 80.000 UVT a 100.000 UVT (aproximadamente $3.600 millones a precios de 2021), con el fin de cobijar a más pequeños empresarios con este sistema de pago.
Además, se introdujeron apoyos puntuales para los pequeños establecimientos gastronómicos, y para los bares, los cuales no serán responsables del Impuesto Nacional al Consumo (Impoconsumo) y tampoco deberán pagar IVA durante esa vigencia.
Las empresas también están sujetas a un incentivo para la creación de nuevos empleos, con el que se otorga un subsidio de 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada trabajador adicional entre 18 y 28 años.
También se amplió la vigencia del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y con esta ley se extendió hasta diciembre de 2022, mientras que se creó un auxilio de hasta 20% por cada trabajador para las empresas que por el paro hayan visto afectados sus ingresos hasta en 20% durante mayo y junio.
Con estos cambios, la reforma busca no solo impulsar la recuperación empresarial y fomentar el empleo, sino también ayudar a los más vulnerables. A través del programa de Ingreso Solidario, la renta básica de emergencia por $160.000, se estima que 4.1 millones de hogares se verán cobijados por la medida.
Otro programa social es Matrícula Cero, con el cual 700.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 pertenecientes a familias vulnerables se beneficiarán del programa de gratuidad en educación superior.
