Aunque el cobro de valorización por obras de infraestructura a los propietarios de inmuebles vecinos a los proyectos es una propuesta que venía sonando desde el pasado gobierno, esta vez la iniciativa parece tomar más forma con la expedición de un documento Conpes por parte del Ejecutivo el cual busca dejar claras las reglas para hacer efectiva esta contribución.
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El Conpes 3996 de 2020 plantea que se ponga en marcha el cobro de valorización a partir de dos etapas: originación e implementación.
Según este documento, en la primera fase “el sector responsable de la infraestructura califica los proyectos que tengan potencial de generar valorización y aplica la contribución”.
A su vez, en la etapa de implementación, dice el Conpes, “el administrador tributario despliega las acciones necesarias para distribuir, liquidar, recaudar y cobrar la valorización”.
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En la reforma tributaria del 2016 (Ley 1819) fue creada la contribución nacional de valorización la cual, hasta antes de ese momento, solo era recaudada por entidades territoriales.
En ese momento, fue considerada como un “oportuno tributo” que va en línea como los beneficios que la construcción de nueva infraestructura genera en los dueños de los predios cercanos al área de influencia de las obras.
Ahora, tras la expedición de este documento que da los lineamientos de política pública, la ministra de Transporte, Ángela Orozco, explicó que el Gobierno (exactamente el Ministerio de Transporte) deberá construir un decreto que “reglamente la parte 12 de la Ley 1819 de 2016 sobre la Contribución Nacional de Valorización para este sector”.
Según la funcionaria, ese decreto deberá “establecer etapas, procesos, actuaciones y actores para la implementación del tributo, el cual se convertirá en un mecanismo de recuperación de la inversión o una fuente alternativa de pago de los proyectos de infraestructura de transporte”.
Además de construir este decreto reglamentario, el Ministerio de Transporte (y otras instituciones de ese sector) coordinará la elaboración de resoluciones que establecerán la calificación de los proyectos y, también, la definición de un comité sectorial de priorización.
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), manifestó al respecto que “valoramos de sobremanera la decisión de financiar obras de infraestructura, utilizando para ello el instrumento de la valorización”.
El dirigente gremial apuntó que “es válida la apreciación de que el impacto económico positivo que generan los desarrollos de algunas zonas geográficas, se refleje en obras nuevas que impacten la competitividad del aparato productivo y el avance armónico de las regiones”.
A su vez, el exministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, explicó que la propuesta de este cobro -que se dejó planteada al presidente Duque durante el empalme- está prevista para las tierras rurales que no pagan impuestos. “Esa valorización es perfecta para esto. Es viable en la medida en que esa plata se invierta muy bien”, dijo.
Cardona agregó que el país tiene necesidades de infraestructura cuantiosas, lo cual le tomará a la Nación mucho tiempo para poderlas resolver. “Lo que el Gobierno está haciendo es ejecutar las obras que venían de atrás. Ahora, es el momento de que analice cómo hacer esas inversiones”, agregó.
Sin embargo, otra fuente consultada por este diario señaló frente a la propuesta de la contribución que el actual momento económico que atraviesa el país no es el más indicado para poner en marcha el cobro de nuevos impuestos.
LA JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL COBRO
Las necesidades que tiene el país en infraestructura, según cálculos que había realizado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ascienden a los $342 billones.
De este monto, cerca de $216 billones están relacionadas con los proyectos del sector transporte. A este, explica el Conpes, le siguen “acueducto y alcantarillado con $29,2 y $14,2 billones de pesos, respectivamente, $47,4 billones de pesos para salud, $15,3 para la agroindustria, $6,1 para energía, $3,8 para educación y $4,5 para justicia, entre otros”.
Además, el Gobierno sostiene que en medio de una situación fiscal estrecha, fue necesario hacer la identificación y viabilización de fuentes de pago distintas a las tradicionales (como sobretasa a gasolina, peajes y otras) para poder financiar proyectos de interés nacional.
EL RECAUDO REGIONAL DE LA VALORIZACIÓN
En lo corrido de las últimas décadas, en departamentos y municipios han sido concretadas diferentes contribuciones de valorización, en las cuales los entes responsables del recaudo pueden hacer el cobro antes -o incluso después- de la ejecución de las obras de infraestructura.
Por ejemplo, en Bogotá se aprobó a finales de 2018 el cobro de valorización para financiar 16 obras con un monto de más de $900.000 millones. A su vez, en Manizales, se avaló esta contribución en 2016 para fondear tres obras.
Asimismo, en el año en mención, en el Valle del Cauca se dio luz verde a una contribución para la construcción de la avenida Cañasgordas entre el río Pance y la glorieta de la vía al municipio de Jamundí.
PROYECTOS CON CONTRIBUCIONES
Anteriormente, bajo el Decreto 1604 de 1966 y con un decreto reglamentario de 1970, se aplicó una figura de cobro nacional de valorización que, hasta el año 2001, permitió financiar cerca de 44 proyectos de infraestructura.
Sin embargo, la Corte Constitucional -en una decisión a través de la Sentencia C-155 de 2003- le quitó el carácter nacional al recaudo de valorización (como lo había establecido el Decreto 1604 de 1966).
Según el Conpes, entre los 44 proyectos en mención, el más reciente data del año 2001 y es la carretera entre Chiquinquirá (Boyacá) y el sector de Puente Otero, en el mismo departamento.