La Contraloría General de la República declaró todos los contratos firmados por la unión temporal (UT) Centros Poblados en el país, entre el 2014 y el 2021, como de ‘impacto nacional’.
Vale la pena recordar que esta UT es la señalada de recibir 70.000 millones de pesos de parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como adelanto para un proyecto de conectividad en zonas rurales.
(Vea: Caso Mintic: envían a la cárcel a Emilio Tapia y otros dos capturados).
“Con base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, se adoptó la decisión de declarar de ‘impacto nacional’ los hechos relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales, en calidad de contratistas, se encuentran directamente o a través de consorcios y uniones temporales estas empresas que son miembro de la UT Centros Poblados”, explicó la Contraloría.
(Vea: No es el momento).
¿Qué quiere decir eso? Que la entidad tendrá facultades especiales para entrar a revisar toda la contratación que han firmado las empresas de la UT. Dichos contratos son, en total, 243 y por más de 1,1 billones de pesos (entre los años anteriormente señalados).
“Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, agregó la Contraloría.
Las firmas que serán investigadas son:
- Intec de la Costa (contratos por 790.000 millones de pesos).
- ICM Ingenieros (contratos que superan los 189.000 millones de pesos).
- Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería Seguridad e Innovación (Funtics, ahora Novatic – con contratos por más de 181.000 millones de pesos).
- Omega Buildings Constructora (contratos por 12.000 millones de pesos).
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría, procederá a abrir las indagaciones preliminares correspondientes.
(Vea: Karen Abudinen oficializa su renuncia al Ministerio TIC).
CASO MINTIC
El MinTIC le entregó 70.000 millones de pesos de anticipo a Centros Poblados por un contrato suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información.
La UT debió garantizar la conexión de miles de escuelas rurales a internet, pero el contrato fue declarado caduco, sin que se viera realizado su objetivo, al encontrarse garantías falsas en el proceso.
La situación dejó la renuncia de Karen Abudinen al ministerio, así como un debate de Moción de Censura y una investigación disciplinaria de la Procuraduría.
(Vea: Cronología del caso que sacó a Karen Abudinen del MinTIC).
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