Colombia, el segundo más propicio para las APP en Latinoamérica

Se destaca en regulación, pero debe avanzar en el clima de inversión.

BID

Ana María Pinto, especialista del BID, junto a Louis Kleyn, presidente de la ANI.

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Portafolio
mayo 16 de 2019 - 11:10 p.m.
2019-05-16

Gracias a la madurez de la regulación para las asociaciones público privadas de infraestructura, así como al fortalecimiento logrado en cuanto a la institucionalidad, Colombia es considerado el segundo país con el entorno más favorable en la región para hacer negocios bajo ese modelo.

De acuerdo con el informe Infrascope, desarrollado por The Economist Intelligence Unit, que fue presentado en el marco del foro PPP Américas 2019 en República Dominicana, la capacidad de Colombia para emprender ese tipo de alianzas se encuentra en un estado ‘desarrollado’, acercándose al nivel más avanzado del ránking. Sin embargo, el desempeño se mantuvo igual frente a la última medición, del 2017.

(América Latina debe invertir 6% del PIB en infraestructura). 

El mayor reto, según el análisis, consiste en mejorar la “inversión y el clima para los negocios”, puesto que los proyectos viales que se han desarrollado bajo APP tienen un problema reputacional que aún persiste, que ha perjudicado la imagen del modelo y cuyas medidas de resolución aún no son claros para saber si serán efectivas.

Además, considera que “el entorno para las APP en Colombia podría mejorar aún más si el Gobierno apoyara y mejorara las capacidades subnacionales para desarrollarlas, la coordinación entre las agencias durante la planificación y alineara las regulaciones sectoriales complejas con las reglas de APP”, resalta.

Al respecto, Ancor Suárez, especialista de APP del BID, considera que a pesar de que los resultados no han sido positivos en todos los casos, la perspectiva es optimista. “Entendido que Colombia es un país capaz de atraer participación privada y que ha logrado poner en marcha un programa tan ambicioso, es normal que se hayan registrado problemas con el desarrollo de infraestructuras, esta situación no es exclusiva de las APP, sino que es una cuestión de política pública. La mejor receta para evitar cometer errores es preparar bien los proyectos y separar la decisión de inversión haciendo un análisis de valor por dinero para identificar si un proyecto sí es susceptible de convertirse en APP”, explicó Suárez.

(‘El cuello de botella en infraestructura es por la falta de proyectos’). 


Por su parte, Louis Klein, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, destacó que la manera de diseñar los contratos es susceptible a ser mejorada y que el nuevo reto consiste en optimizar la elaboración de los contratos, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la etapa de pre construcción.

“Tenemos ideas, por ejemplo, sobre los esquemas de terminación anticipada, que están en discusión, para saber cómo hacemos para terminar una concesión en la etapa de pre construcción o en las iniciales, cómo calcular una retribución para el concesionario y proteger a los inversionistas y especialmente a los deudores”, dijo Klein.

En ese contexto, The Economist subraya que Colombia lideró la región en la categoría de regulación, a solo cinco puntos del máximo puntaje, ubicándose además con la calificación más alta para cualquier segmento en el índice.

Las mejoras en el marco regulatorio incluyen una mayor transparencia en la contratación pública y mayores posibilidades para que los gobiernos regionales y municipales, así como las empresas estatales, participen en esas asociaciones. No obstante, la organización espera que esos cambios conduzcan a una nueva generación de APP en infraestructura social, con proyectos como escuelas, hospitales y cárceles.

Así mismo, destacaron que entre 2016 -la última reversión hecha para Infrascope- y mediados de 2018, Colombia adjudicó 17 proyectos de infraestructura de APP por un valor de US$8.400 millones.

Además, que la inversión total en este rubro aumentó de US$16.800 millones en 2014 (4,5% del PIB) a US$18.800 millones en 2015 (6,5% del PIB). Y en esa última, la inversión privada representó el 63%, en comparación con el 55% de 2014.

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