La alcaldesa Claudia López informó que la Alcaldía Mayor de Bogotá y los tres proponentes que se presentaron para la ejecución del Corredor Verde de la Carrera Séptima presentarán una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en respuesta a la medida cautelar adoptada por el Juez 35 Administrativo del Circuito, la cual suspendió el proyecto.
"Esta decisión se basa en la firme convicción de que se han vulnerado los principios del debido proceso y se ha afectado gravemente el interés público de la ciudad. “Creemos que el señor Juez de la República desestimó argumentos y desconoció jurisprudencia sobre la materia. Creemos que no solamente a la Alcaldía Mayor y a los bogotanos, sino también a los tres proponentes, empresas privadas de alto nivel de nuestro país, se le desconoció sus derechos al debido proceso al tomar esa decisión”, sostuvo la alcaldesa Mayor.
Así mismo, Lopez señaló que cada rama del poder público tiene su función especial, y no es resorte de la Rama Judicial decidir sobre los diseños de ingeniería de un proyecto; “eso le corresponde a la Rama Ejecutiva, y para eso somos electos por voto popular, para tomar decisiones de la inversión de los recursos públicos, inversiones técnicas y de ingeniería para la movilidad de la ciudad”, dijo.
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La alcaldesa López agregó: “con todo respeto lo decimos: tenemos a un Juez de la República que ha usurpado funciones que le corresponden a la Alcaldía, y ha desconocido derechos que tienen los empresarios privados”.
Por su parte, William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía Mayor, explicó: “consideramos necesario que, a través de la acción de tutela, basándonos en la garantía del derecho fundamental del debido proceso y en aras de evitar un perjuicio irremediable que está ocasionando esa parálisis de la adjudicación de la fase tres, se reviva y vuelva el curso del proceso contractual”.
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El funcionario del Distrito manifestó que la suspensión de la licitación está ocasionando un perjuicio irremediable, que se ve reflejado en la pérdida de más de $82.000 millones que han invertido las últimas alcaldías en estudios y diseños del proyecto.
“En ese sentido, el día de hoy radicaremos la acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y, de manera separada, lo harán las empresas proponentes, porque tienen consideraciones adicionales”, aseguró William Mendieta. El secretario espera que en las

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Alcaldía Mayor de Bogotá
El primero es la Interpretación 'Irrazonable del Plan Distrital de Desarrollo'. Señalan que La medida cautelar se basa en una interpretación irrazonable del artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo, al deducir erróneamente que está prohibida cualquier solución de movilidad que incluya un sistema de buses.
"Dicha interpretación impide construir una solución óptima para la movilidad sostenible en Bogotá, contrariando la propuesta de gobierno que fue aprobada en las urnas en 2019 y que permitía, tal y como determinaron los estudios de viabilidad, la creación de un corredor con buses eléctricos", argumentan.
El segundo es la 'Invasión de Competencias de la Administración Pública'. Consideran que la medida cautelar invade las competencias legítimas de la administración distrital para determinar los aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura de Bogotá.
El tercero es la 'falta de audiencia pública. Exponen que no se brindó a la Alcaldía la oportunidad de adelantar una audiencia pública en la cual se pudieran explicar las dimensiones técnicas del proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima.
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"Esta ausencia de un diálogo técnico responsable afectó la toma de una decisión suficientemente informada en un proyecto tan trascendental para Bogotá", explican.
El siguiente es la desatención de pruebas técnicas. En este punto indican que la decisión judicial no tuvo en cuenta las pruebas que demuestran las radicales diferencias técnicas entre el proyecto de una troncal de TransMilenio pesada propuesto por la administración anterior y el proyecto del Corredor Verde de esta administración.
"Nuestro proyecto garantiza movilidad sostenible, amplio espacio para peatones, zonas verdes y un carril exclusivo para buses eléctricos no contaminantes", dicen.
Así mismo, señalan un 'desconocimiento de las decisiones previas que han avalado el proyecto'.
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"Además de las razones anunciadas, se sabe que los proponentes que se postularon al proceso licitatorio suspendido también presentarán una acción de tutela, ya que se les negó el derecho de participar y oponerse a la medida cautelar que pone en vilo sus legítimas expectativas y genera inseguridad jurídica en el sector", mencionó la Alcaldía mediante comunicación.
“Damos total respaldo de nuestras compañías a estas acciones, toda vez que se han vulnerado los derechos de nuestras organizaciones en un proceso que de alguna manera no consideró el debido proceso y nos impidió hacer parte de la acción popular. Esas obras merecen ser ejecutadas por el beneficio de toda la ciudadanía”, indicó, Ricardo Rodríguez, representante legal de Conconcreto.
PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio