Crearán seis veedurías para la supervisión de las concesiones viales

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reveló que el plan de acción sobre los contratos de las 4G se conocería en octubre.

Ángela María Orozco, ministra de Transporte

Ángela María Orozco, ministra de Transporte, habló de las perspectivas de la cartera para los próximos 4 años.

Cortesía Mintransporte

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Portafolio
septiembre 20 de 2018 - 09:19 p.m.
2018-09-20

Con el fin de visibilizar lo que pasa con las concesiones viales que tiene el país, el Ministerio de Transporte trabaja en seis veedurías regionales en las que la comunidad puede servir de vigilante en esos procesos.

Portafolio habló con la Ministra sobre ese plan de veedurías, el futuro de los contratos de las 4G y obras emblemáticas como el túnel de La Línea o el puente Pumarejo.

¿Cómo encontró el Ministerio de Transporte?

Encontré un ministerio institucionalmente muy fuerte en infraestructura, pero débil en el sector transporte y con una regulación que hace años no se revisa.

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Otra de las cosas que vemos es que hay que formalizar al sector transportador y atacar la ilegalidad.

En infraestructura tenemos unos proyectos muy importantes, pero falta información y las comunidades se quejan de no saber cómo van los procesos. Todo eso lo queremos atacar y por eso vamos a montar unos observatorios regionales con las universidades principales de la zona, las sociedades de ingenieros, las cámaras de comercio y los representantes de los empresarios, para llevar la información de las distintas concesiones.

¿Eso cuándo entraría en marcha?

Acabamos lanzar la veeduría de Villavicencio. Son seis regiones del país y la idea es, simultáneamente, lanzar un sistema de información, en el que se pueda encontrar de todos los proyectos que tenga el sector de las distintas entidades. Espero que esa plataforma, junto con las mesas, se pueda lanzar en los próximos dos meses.

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Ustedes han reiterado que hay un problema de desfinanciamiento del sector, ¿cómo se van a conseguir los recursos?

Nosotros encontramos una Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con una desfinanciación de los proyectos contratados y estructurados de $1,9 billones y un Instituto Nacional de Vías (Invías), que tenía unos recursos asignados de $1,38 billones, y que ya tiene comprometidos $1,15 billones como vigencias futuras, por lo que hay solo $235.000 millones flexibles para cosas nuevas.

Y aunque todavía se está debatiendo el presupuesto, yo pedí todo lo que necesitaba. Vamos a ver qué pasa. En el caso del Puente Pumarejo se hizo una actualización en el diseño y eso generó mayores cantidades de obra, y por eso hay unas necesidades de $140.000 millones adicionales para terminarlo.Y en el túnel de La Línea el déficit es de $550.000 millones. Claramente, tenemos que buscar todas las alternativas. En el caso del túnel, con los recursos que nos asignen podemos evaluar la ejecución de las obras, y mirar cuáles van a un ritmo acelerado de ejecución y ver qué se puede hacer.

Es decir que, ¿dependiendo de cómo quede el presupuesto del 2019, van a redefinir prioridades?

Por lo menos en Invías, que es obra pública y depende exclusivamente de nosotros, miraremos los ritmos de ejecución y dependiendo de eso tomaremos decisiones. Pero está claro que el puente Pumarejo, por ejemplo, tendrá recursos.

En cuanto a las vías terciarias, ¿cómo van a conseguir la plata?

El presupuesto actual es cero, pero hay un trabajo coordinado que estamos haciendo con el Departamento Nacional de Planeación para mirar todos los proyectos que han sido presentados y los no aprobados en el OCAD Paz. La idea es ver cómo fortalecemos la estructuración de esos proyectos para que sean aprobados.

¿Cómo van las mesas de trabajo con las 4G?

Van muy bien. Para la otra semana tengo ya el documento interno del sector, pero ese tiene que ser compartido con la Procuraduría General de la Nación, para que nos de sus aportes, comentarios y diagnósticos. Una vez estemos de acuerdo con todas las entidades, será un documento público que dirá cómo solucionar los problemas. Eso dará los lineamientos para poder gestionar los contratos y que el programa salga adelante. Yo tengo una fecha para eso y es la primera semana de octubre, cuando tendríamos ese documento ya analizado y planteado.

Luego de que se publique el documento, ¿qué pasarán con los contratos que tienen problemas?

Ahí entra la ANI a gestionar cada contrato con ese lineamiento. De ahí se sabrá con cuáles se pueden negociar y con cuáles no, de manera que se reduzcan los litigios.

¿Se va a cumplir la meta de 20 cierres financieros de las 4G para este año?

Eso todo depende de si los contratos sean gestionables. No sé si sea posible. Esa meta no preveía la locura que encontramos, que fueron 29 tribunales de arbitramento en la ANI, dos en Cormagdalena y uno más en el Invías, con la Ruta del Sol sector II.

¿Y qué va a pasar con esta última obra?

Esa es una realidad y hay que tomar una decisión con respecto a la liquidación del contrato. Eso hay que hacerlo, y seguramente tendrá que negociarse. Hay que estructurar la nueva concesión.

¿El Gobierno piensa regular las consultas previas?

El Gobierno Nacional va a presentar un proyecto para reglamentar las consultas previas. Están trabajando en ese tema, entiendo que será presentado lo más pronto posible.

¿Cómo resolver los cuellos de botella que hay en las ciudades y puertos?

Para eso son las Alianzas Logísticas Nacionales. Los proyectos de conexión de los grandes corredores con las ciudades o con los puertos son una prioridad, porque, de lo contrario, perderíamos el tiempo que ganamos con la construcción de grandes corredores con esos embudos.

María Camila González
marola@eltiempo.com

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