'Demoras en pagos de firmas extranjeras preocupan al sector'

Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), dijo que la situación ha afectado a algunas pymes.

Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros

Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, habló de las perspectivas para este año.

Cortesía SCI

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Portafolio
enero 22 de 2019 - 09:15 p.m.
2019-01-22

Las demoras en los pagos y la subcontratación de algunas pymes de ingeniería por parte de consorcios extranjeros tiene preocupados a los empresarios del sector de infraestructura.

Eso le reveló a Portafolio Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), quien explicó que el gremio ha reconocido algunas prácticas que afectan a las pequeñas y medianas empresas.

Durán también habló sobre lo que se viene en materia de ingeniería y de los planes para mejorar las interventorías.

¿Cómo recibe el gremio lo que ha hecho el Gobierno para destrabar los contratos de las vías 4G?

El presidente Duque ha demostrado en varias ocasiones que tiene el mayor empeño en destrabar los contratos; inclusive hizo hincapié en que destrabaría tres concesiones que estaban muy quedadas. Hay un compromiso del Gobierno y eso es buena noticia.

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Aún así todavía hay preocupación por las vías 4G de los Solarte...

Hay que ver cómo evoluciona. Nos hemos enterado que los Solarte están tratando de vender su participación en esas concesiones, lo cual podría destrabar esos procesos. A la final el Gobierno le interesa que el proyecto se haga, no tanto quién los haga.

Más allá de las 4G, ¿cuáles deberían ser las prioridades que deberá tener el Gobierno?

Según el presupuesto para el sector transporte, al Instituto Nacional de Vías se le está dando unas partidas interesantes para vías terciarias, y también se le adjudicaron los recursos que requieren para contratar las obras del Cruce de la Cordillera Central, que es una obra que es de una importancia innegable para el país.

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En el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura, esta no va a tener proyectos de inversión nuevos porque lo que tiene de presupuesto es para sacar adelante los proyectos que están andando. Hay también algo importante de lo que va a hacer Bogotá, que tiene cerca de $21 billones para invertir este año.

A propósito de Bogotá, concejales dicen que el alcalde Peñalosa no alcanza a adjudicar  el metro. ¿Ustedes cómo ven el panorama?

El proceso de licitación está andando. Ha habido algunas demoras por algunos requisitos que piden los financiadores, particularmente los bancos multilaterales. La administración asegura que para septiembre se adjudica el contrato para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Nosotros desde la SCI y como ciudadanos, creemos que nunca se había llegado tan lejos entonces perder este impulso sería un gran desperdicio de tiempo y de dinero.

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Luego del caso de Odebrecht, ¿el país ya está blindado frente a los casos de corrupción?

Yo creo que el hecho de que el caso de Odebrecht haya salido a la luz pública de todas maneras genera algún blindaje para que conductas similares no se presenten de nuevo.

Pero a nosotros sí nos tiene preocupados es una situación que afecta a las pequeñas y medianas empresas. Antes eran contratistas del Estado en pequeñas obras pero en este momento gran parte de la contratación ha pasado a empresas privadas, particularmente a concesionarios, y ellos subcontratan a estas firmas y hemos notado que pasa en firmas extranjeras. En estos días se hablaba de una situación similar con Mota Engil, una empresa portuguesa, pero conozco otros casos en los que es generalizado el incumplimiento en los pagos y con eso están ahorcando a las pymes, lo que afecta el desarrollo de la ingeniería nacional.

¿Cuál es la excusa para las demoras de esos pagos?

Piden cosas adicionales o argumentan que faltó algo en el estudio o en el servicio y con eso prorrogan el plazo de pago. La situación está llevando a varias de esas pequeñas firmas nacionales a vender sus oficinas para poder cumplir sus compromisos. Las están acabando. En eso el Estado sí tiene una responsabilidad en ese caso.

¿El hecho de que sean extranjeras hace más difícil que las autoridades puedan hacer algo?

Yo creo que el mayor riesgo que hay es que la mayor parte de empresas extranjeras traen un papel, no traen recursos y cuando la cosa se pone difícil para una firma de esas es muy fácil irse.

Esos son riesgos que están afrontando las empresas colombianas porque gran cantidad de las inversiones en obras civiles se están haciendo a través de contratistas privados, que son los concesionarios.

El tema es que para ellos pagar a corto plazo son 90 días y normal a 180 días. Es decir, se observa que los mismos concesionarios se están apalancando en sus proveedores para no poner los recursos propios que tenían que invertir en los proyectos.

¿Se tiene un cálculo de cuántas empresas incurren en esos hechos?

Nos han llegado varias denuncias pero todavía no tenemos consolidado cuántas empresas se han visto afectadas, pero sí sabemos que varias han tenido que hacer cobros jurídicos de lo que les deben.

¿Qué debería hacer el Gobierno para regular esas prácticas?

En estos días el Gobierno estaba hablando de una ley para obligar a pagar en 30 días las cuentas. Eso sería buenísimo que se pudiera lograr, porque la verdad es que a las empresas de ingeniería nadie le está pagando en 30 días, ni siquiera el mismo Estado.

Hay otra preocupación y son las deficiencias que han presentado algunas obras de infraestructura, ¿qué se puede hacer para evitar ese tipo de casos?

La discusión está sobre el tapete desde el año pasado. Son casos aislados y no se puede generalizar pero definitivamente sí hay que dar un debate sobre el papel de las interventorías.

La misma Ministra de Transporte nos ha pedido que le ayudemos a establecer ese diagnóstico y ver las soluciones. En eso estamos para ver qué ajustes hay que hacerle al modelo de interventoría. Lo que queremos revisar es si en la parte práctica, las interventorías definitivamente no tienen los dientes que se necesitan para obligar a los contratistas a que cumplan con sus obligaciones.

¿Las vías están preparadas para el cambio climático?

Estamos mejor que antes porque indudablemente en las entidades públicas ya hay una consciencia de que ese es un factor que tiene que tomarse en cuenta para todos los proyectos de infraestructura. Y eso está obligando a que no hagamos prácticas que son inseguras con la situación climática.

¿Si hay recursos para adaptarse al cambio climático?

Ese es el dilema. Es preferible no hacer una gran inversión en obras que se sabe que se afectan por el clima, y esperar para hacer la inversión necesaria para que eso no pase.

María Camila González Olarte
marola@eltiempo.com

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