De acuerdo con los planes del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las autopistas de cuarta generación deberían estar operando, en su totalidad, en el 2024.
Para ello, ambos organismos, junto a las entidades territoriales, se dedicaron a destrabar los proyectos -algunos de los cuales llevaban parados años - y así, en el 2019 se prevé lograr ocho cierres financieros, dejando otros seis para el 2020.
(Trazan hoja de ruta para obras que siguen a la generación 4G).
Sin embargo, de acuerdo con Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de gestión contractual de la ANI, no todos los casos se podrían resolver a partir de renegociaciones o concediendo plazos- mecanismo que les ha funcionado para algunas obras- sino que en al menos tres autopistas, sería necesario ceder los contratos de concesión.
En concreto, y según Gutiérrez, dada la compleja situación a nivel financiero que atraviesa el Grupo Solarte, esta firma saldría de tres concesiones.
LAS OBRAS A LA VENTA
Las concesiones a cargo del Grupo Solarte que serían cedidas y que ya estarían en negociación son las autopistas Santana-Mocoa-Neiva en el Huila, Santander de Quilichao - Popayán en Cauca y Bucaramanga - Pamplona en Santander.
“Este grupo tiene un problema reputacional que ha causado la desfinanciación de varios proyectos en los que participa. Eso es producto de lo ocurrido con la Ruta del Sol II en la que la constructora Solarte figuraba como socio, y además por lo ocurrido con el proyecto Tunjuelo - Canoas y la descontaminación del Río Bogotá en el 2009, en el que se abrió una investigación por pago de coimas para lograr la adjudicación del contrato”, señaló Gutiérrez.
Por eso, según Carlos Alberto García, vicepresidente ejecutivo de la ANI, esta entidad decidió “buscar mecanismos para que el concesionario ceda el contrato”, explicó.
El caso de la vía Santana-Mocoa-Neiva, que comprende intervenciones en 447 kilómetros y que hoy solo registra avances del 5,3% - a pesar de que el contrato se firmó en el 2015 - sería la que lograría revivir más rápido.
El Grupo Ethuss, del empresario antioqueño William Vélez, se haría cargo de esta concesión, decisión que quedaría en firme en dos meses, según cálculos de la ANI.
(Avanzan en los salvavidas para las 4G más enredadas).
“Esta firma ya les hizo una propuesta a los concesionarios actuales, la cual fue presentada a la ANI y está firmada por las dos partes. El grupo Ethuss pidió un plazo pero van a adquirir la concesión”, manifestó Gutiérrez.
Esta obra estaba tasada en $2, 9 billones inicialmente pero podría terminar costando $3,1 billones. Sin embargo, una vez se haga la sesión, las obras podrían arrancar inmediatamente y durarían poco más de dos años. El contrato regiría por el mismo término acordado inicialmente.
La vía Popayán- Santander de Quilichao, cuya acta de inicio data de septiembre del 2015, hoy no muestra ningún avance.
Sin embargo, la rehabilitación y la construcción de la segunda calzada de ese tramo de 76 kilómetros en el departamento del Cauca, se podría reactivar este año.
De acuerdo con la ANI, un fondo de inversión español ya presentó una propuesta y se encuentran cerca del cierre del negocio.
“Esos proyectos son muy importantes porque son las columnas vertebrales que pueden conectar el sur y el norte del país. Al revivir esta obra estaríamos más cerca de conectar Ecuador con Buenaventura. En ese sentido falta impulsar la doble calzada entre Popayán y Pasto, que hoy no está concesionada y que cuesta $5 billones por la complejidad de las obras y la cantidad de túneles. Sin embargo estamos empeñados en sacarlo adelante”, dijo Gutiérrez.
En 2017 esta obra estaba valorada en $1,23 billones y se calcula que asciende a $1,9 billones.
Por su parte, la vía Bucaramanga-Pamplona, que se extiende por 133 kilómetros, la cual tampoco registra avances, también estaría en venta.
La obra en 2017 estaba avaluada en $888.910 millones y se estima que ahora ascendería a $1,5 billones.
En este caso, la ANI manifestó que se encuentra a la espera de que quede en firme una decisión de la Anla de otorgar una licencia ambiental en la zona de intervención.
“A este proyecto se presentaron gran cantidad de recursos de reposición de las comunidades por eso, una vez se otorgue definitivamente la licencia la concesión estaría en venta también”, señaló García.
De acuerdo con Gutiérrez, el alcance de estas sesiones no tendría ningún efecto o modificación frente a los lineamientos planteados inicialmente y, luego de presentadas las ofertas vinculantes por parte de las empresas interesadas, el proceso puede tomar entre dos y cuatro meses.
Adriana Carolina Leal Acosta
adrlea@portafolio.co
