Sin licencias ni permisos adecuados, con materiales cuya calidad no es controlada y sin sistemas de supervisión en su construcción. “Así se está desarrollando el 50 por ciento de las edificaciones en el país”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto (Asocreto), Manuel Lascarro.
A esto le suma que “menos del 30% de los proyectos en obra están realizando ensayos de control de calidad de los materiales que se utilizan”. El gremio también advirtió que “esto sucede con insumos como concreto, cemento, ladrillo o acero, incumpliendo –incluso– lo dispuesto en el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes (NSR-10) y sus normas técnicas”.
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Para Lascarro, “es prioritario emprender acciones que fortalezcan la capacidad técnica de los entes territoriales, promover el desarrollo de una red de laboratorios acreditados para ensayos de materiales de construcción y fomentar el conocimiento de las disposiciones que rigen al sector.
“Esto debería ser de gran preocupación para el Gobierno Nacional, pues es una problemática que se agrava en los municipios más pequeños y alejados, en los cuales no hay infraestructura adecuada para comprobar la calidad, incluso, con uso de materiales adulterados que no cumplen normas”, anotó.
HABLA MINVIVIENDA
Respecto al tema, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, le dijo a Portafolio que “el año pasado se crearon en el país aproximadamente 283.000 hogares y se iniciaron 227.000 unidades formales. Es decir, aunque se ha cerrado la brecha aún existe una diferencia entre los hogares generados y las unidades legales construidas. Esto, precisamente, lleva a la informalidad. Es por ello que nos hemos fijado como meta la construcción de 900.000 viviendas y el mejoramiento de 600.000 adicionales”, explicó.
Sobre las cifras reportadas por Asocreto, Malagón dijo que las edificaciones informales han disminuido. “Según el Banco de la República, entre el 2009 y el 2015, estas se redujeron 3,5 puntos porcentuales, ubicándose hoy en cerca del 22%. “Este comportamiento –agregó el Ministro– corresponde a programas implementados por el Gobierno como Mi Casa Ya, con resultados que nos impulsan a continuarlos y mejorarlos, y a impulsar otros como el Semillero de Propietarios, que incentivará la construcción legal”.
El Presidente de Asocreto, quien recordó que estos temas se analizará en el congreso del gremio del 12 al 14 de septiembre, en Cartagena, reconoció los avances a través de estas iniciativas. Sin embargo, anotó que en aras de contrarrestar los problemas identificados, los mandatarios locales deben aportar para mitigar la informalidad.
MUNICIPIOS, EXPUESTOS
“Es crucial, pues tienen bajo su responsabilidad el control de las construcciones en su jurisdicción y, por eso, deben conocer, por ejemplo, los alcances de las resoluciones sobre la supervisión técnica de edificaciones. Solo así tendrán mejores elementos de juicio al ejercer vigilancia y prevenir riesgos”.
En torno al tema, Lascarro recordó que “a raíz del desplome del edificio Space en Medellín, en octubre del 2013, y otros casos de resonancia nacional, el Gobierno expidió reglamentaciones, que aunque buscan precisar responsabilidades en los sistemas de aseguramiento de calidad de los proyectos, aún no han sido entendidas por algunos profesionales y autoridades encargadas del control”.
Tras esa referencia a Antioquia, Portafolio contactó a Eduardo Loaiza, gerente en ese departamento de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), quien reconoció que “la mitad de la ciudad-región (Medellín, Valle de Aburrá y municipios aledaños) ha crecido de manera ilegal e informal, con autoconstrucciones que –obviamente– no son del sector formal, pues no solicitan licencias, ni pagan impuestos”.
Frente al dato de que menos del 30% de los proyectos en desarrollo no hacen ensayos de control de calidad, el gerente de Camacol dijo que, “esto no aplica para Antioquia, donde cerca del 70% de los proyectos se trabajan con la Supervisión Técnica Voluntaria, figura recomendada por el gremio, incluso, antes de ser obligatoria por ley”.
Esto, según Loaiza, implica realizar los ensayos de calidad y de resistencias dentro del proceso de verificación del cumplimiento de la NSR-10 y sus reglamentos”.
Precisamente, el Ministro de Vivienda recordó que para garantizar la calidad en las obras de viviendas nuevas se aprobó la Ley de Vivienda Segura. “Dice, por ejemplo, que la supervisión técnica de los proyectos es obligatoria, aumentando el seguimiento riguroso de los procesos constructivos. Además, fortaleció el control a las curadurías y el trámite de licenciamiento, y aumentó las exigencias de la norma sismorresistente. Es decir, sí se está trabajando en el control de calidad de los materiales usados”, concluyó.
LA OPINIÓN DE LA SCA
Flavio Romero, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), se sumó a las opiniones sobre el tema: “Cierto. Hay ciudades donde el 70% del área ocupada es informal e ilegal, y donde se aprovechan de la pobreza de la gente. De hecho, urbanizadores piratas incentivan las invasiones en tierras no aptas, en riesgo o de reserva, sobrepasando la capacidad de respuesta oportuna del Estado.
Por eso, considero que el mejoramiento integral de barrios –entre otros– debe ser prioridad de este gobierno, legislando con cautela para actuar con instrumentos jurídicos en esos territorios donde la calidad de vida es muy baja”, anotó Romero.
Gabriel E. Flórez G.
Economía y Negocios
