Sobre la iniciativa del presidente Gustavo Petro de implementar un nuevo modelo para la construcción de obras civiles, mediante las Alianzas Público – Populares, la Sociedad Santandereana de Ingenieros alegó, en el caso concreto de los caminos comunitarios, que micro y pequeñas empresas de ingeniería también cumplirían con su propósito de 'economía popular', por el cual podrían contratar estos proyectos, no solo por las Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales tendrían a su cargo hasta $8 billones para estos proyectos.
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En una carta, los ingenieros remarcan que estas obras, ante la ley deben ser llevadas acabo por un ingeniero, es decir, que lo deseado por el presidente es contrario a lo que dicta la normal.
“Resulta pertinente aclarar que las intervenciones en las vías terciarias, no son atendidas por grandes contratistas sino por profesionales independientes y micro y pymes de la ingeniería, que perfectamente cabrían en la clasificación de 'economía popular'”, insisten.
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Sobre los casos de corrupción que le preocupan al mandatario, y que sería el motivo para tomar esta determinación, la Sociedad de Ingenieros dijo: “Los casos de corrupción que usted menciona pueden presentarse y, de hecho, hay denuncias sobre el tema, como en el caso de OCAD PAZ, cuando en las convocatorias se acude a 'contrataderos' que mediante la aplicación de sus manuales de contratación impiden la libre concurrencia”.
“Sin perjuicio de lo planteado en párrafos precedentes, consideramos fundamental la vinculación de la comunidad y sus organizaciones en la identificación y apropiación de los proyectos y la participación en la ejecución de las obras de ingeniería que deben ejecutar ingenieros, previa convocatoria pública con utilización de pliegos tipo y en los trabajos que contribuyen a la transitabilidad y que no son trabajos de ingeniería, como la rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas o remoción de pequeños derrumbes. Valga anotar que hoy, este tipo de trabajos los desarrollan con éxito las cooperativas de trabajo asociado conformadas por campesinos residentes en los lugares de atención de los tramos viales y bien pueden acometerlos las juntas de acción comunal en la red vial terciaria. Lo propio podría predicarse en desarrollo de los convenios solidarios previstos por la ley”, añaden.
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