Más de US$1.500 millones, es decir, algo más de $4,6 billones serán las inversiones que actores privados harán en Colombia para desarrollar 17 terminales portuarias, de las cuales tres ya tienen aval definitivo y otras ocho ya firmaron acuerdos condicionados.
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La apuesta está siendo desarrollada en siete departamentos e igual número de municipios, distribuidos entre los mares Caribe y Pacífico, y que le cambiarán los flujos logísticos a esta parte del país, toda vez que la idea es que entren en operación para las mismas fechas o un poco después de la inauguración de las vías de cuarta generación (4G).
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De este modo, el Gobierno –a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)– completaría una parte del ciclo de intermodalidad (múltiples modos de transporte) en Colombia, que ya se está plasmando en la segunda parte del plan maestro gubernamental, y que podría quedar listo a finales de este año y comienzos del próximo.
Así lo indica un reporte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en el cual se destaca que la renovación portuaria está en la puerta del horno. Además, el ingenio de estos nuevos proyectos responde a las críticas que en los últimos meses han hecho entidades multilaterales, en el sentido de que la capacidad de las terminales actuales quedaría relegada en poco tiempo, si se compara con sus pares en la región.
EN LA PUERTA DEL HORNO
De allí también que el Gobierno esté ultimando el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) de esta materia, con el fin de declarar la prioridad en las inversiones en accesos a los puertos, además de indicar cuáles serán los primeros puntos a los que se les mejorarán sus condiciones pesqueras, y cómo será la coordinación entre las entidades del sector.
“La reciente ampliación del canal de Panamá (que duplicó la capacidad de tráfico de embarcaciones de mayor tamaño, los cuales transportan mayores volúmenes de cargas) generó más inversiones y costos operacionales en las terminales portuarias, que necesariamente deben adecuarse para atender sus operaciones conforme a lo que exige el mercado”, añadió el gremio de la infraestructura.
En principio, el borrador del Conpes, que estaría listo en noviembre –según una fuente de Planeación Nacional (DNP)–, tiene que ver justamente con la integración interinstitucional, de modo que se borre del mapa la duplicidad de funciones y la falta de articulación.
Según la CCI, el liderazgo debería estar en cabeza del Ministerio de Transporte, de modo que también se implementen mesas de trabajo sectoriales. También, agrega el gremio, “creemos relevante la construcción de un nuevo Conpes que incluya los capítulos del Plan Maestro Fluvial y del Plan Nacional de Dragados”, para que haya una estructuración regional plena.
Desde el DNP aseguraron que estos puntos siguen en el análisis de los técnicos, pero podrían ser incluidos parcialmente en el documento que está casi listo, o serían añadidos a un futuro Conpes.
Sumado a lo anterior, el gremio de la infraestructura propone que se desestime la contraprestación para el fin netamente público, y se estimulen las inversiones privadas, ya que estas incluyen las iniciativas para su desarrollo.
Finalmente, en el documento próximo a expedirse, se habilitaría la libertad tarifaria, con el argumento que ya hay un buen número de sociedades que operan en puertos públicos.
