Solo en su primera vigencia, el programa ‘Obras por impuestos’ despegó con 23 proyectos, por más de $220.000 millones, y su ejecución comenzaría entre el corto y mediano plazo.
Estos recursos ya fueron entregados por parte de los contribuyentes interesados en realizar las tareas en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac), pero –entre tanto– son financiados por tres fiducias: Credicorp, Corficolombiana y la Fiduprevisora.
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Esta última –que también tiene a su cargo otros recursos como los de la salud de los maestros y los presos, y del Fondo Colombia en Paz, por mencionar algunos– fue la que mayor cantidad de dineros quedó administrando, ya que de las 13 empresas que harán las obras a cambio de impuestos, 12 contrataron con dicha entidad.
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PRIMERA VIGENCIA
Sandra Gómez, presidenta de la Fiduprevisora, le explicó a Portafolio que dicha fiducia quedó a cargo de unos $218.000 millones, a través de 14 contratos que involucran a 4 entidades del orden nacional: los ministerios de Minas, Transporte y Educación, y al Viceministerio de Aguas (del Minvivienda).
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“La idea de obras por impuestos es llegar con recursos privados a aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado, y vale decir que no tienen ningún beneficio tributario, por lo cual se trata de unos trabajos fuertes de responsabilidad social”, agregó la directiva.
Asimismo, explicó que para aplicar al programa, los interesados tienen dos opciones: tomar del banco de proyectos y seleccionar uno de su interés, o presentar uno ya estructurado, pero en cualquiera de los dos casos se busca impactar a un alto número de personas.
De hecho, en el caso de los 23 proyectos a los que se les dio luz verde para este primer año, se lograrían beneficiar aproximadamente a 700.000 personas de municipios de 11 departamentos, entre los que están Antioquia, Nariño, Putumayo, Cesar y Meta, La Guajira, por mencionar algunos.
Estas iniciativas serán realizadas por las empresas: Ecopetrol, Intercolombia (filial de ISA), EPM, Mineros, Celsia, Enertolima, Servigenerales, Corona, Dow Química, Cerrejón, Seapto y Discelecsa, según los registros de la Fiduprevisora.
“Acá es importante aclarar que el Gobierno, a través del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó en su momento $250.000 millones, de los cuales finalmente se le dieron luz verde a $223.000 millones para 23 proyectos”, añadió Gómez.
Los proyectos van desde mejoramiento de vías, acueducto, dotaciones de centros educativos, construcciones de aulas escolares, e incluso la realización de una línea de transmisión de energía. De hecho, solo en el sector salud no se aprobaron obras de este tipo.
ASÍ ES EL PROCESO
Es importante mencionar que este, por haber sido el primer año del programa, fue el único en el que se amplió el plazo de presentación de proyectos hasta mediados de febrero.
En su momento, Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto, explicó que “por una única oportunidad se amplió 45 días más, pero desde la próxima vigencia, la fecha máxima de presentación o escogencia de proyectos será el 31 de diciembre de cada año”.
De este modo, las empresas previamente mencionadas y que fueron aprobadas tendrán que elegir a sus respectivos gerentes en campo y cinco días después de formalizar este contrato, la entidad del orden nacional a la que corresponda la obra, colgará en su página los interventores aprobados por ellos, para que los contribuyentes elijan a uno.
“Una vez se tenga esto, se crea una figura llamada el Comité Fiduciario (que se hace una vez al mes), conformada por contribuyente, gerente, interventor y fiduciaria; después inicia la obra, y a medida que esta avanza, el gerente y la interventoría van entregando los avances”, añadió.
Finalmente, “nos entregan el informe y procedemos a hacer los pagos, ya que toda la contabilidad la llevamos nosotros, con el fin de que una vez terminada la obra y aprobada por la entidad nacional respectiva, las fiduciarias expedimos la certificación de que efectivamente se cumplió y se la damos a la Dian”, concluyó la presidenta de la Fiduprevisora. No obstante, si hay alguna falla, el mayor afectado será el contribuyente.
QUÉ PASA SI HAY RETRASOS
Si hay algún retraso en la entrega de las obras: el que queda a cargo de responder es el contribuyente.
En este caso, tendrá que continuar con la obra, pero la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya no los aceptará en el régimen especial, sino que comenzará a cobrarles el impuesto de renta real y los pagos por extemporaneidad. Es decir, lo toman como si las empresas no hubieran declarado renta ante la Dian y esta última les cobra todas las vigencias a las que hayan ‘diferido’ el pago por medio de las obras.
Esto se hará en el caso que las fiduciarias encargadas no les den la certificación de que la obra efectivamente se terminó y la entidad encargada aprobó su terminación. Asimismo, los contribuyentes no podrán recibir devoluciones o retornos de las inversiones hechas inicialmente.
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