Con la entrega del informe de auditoría del proyecto hidroeléctrico Ituango con corte a junio del 2018, que revisa el cumplimiento de la obligación de construir e iniciar la operación comercial de la central de generación en diciembre del 2018, y que concluyó formalmente que existe un atraso que no le permitirá estar disponible para esa fecha, comienza en firme la actuación administrativa del Gobierno para determinar las sanciones que se aplicarán por esta situación.
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Lo anterior luego de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) informara al mercado y a la Superintendencia Financiera que este informe se produce en cumplimiento de la resolución Creg 071 del 2006 y que, de acuerdo con la regulación, procede el inicio de dicha actuación por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que en uso de sus competencias y bajo un debido proceso adoptará las medidas correspondientes según con las circunstancias que llevaron al proyecto a este atraso.
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De hecho la misma empresa ha estimado que dicho atraso hasta ahora, con la información disponible, se calcula en tres años, pero un ejercicio de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), por solicitud de la Contraloría General de la República, lo estima en cinco años e, incluso, plantea escenarios de oferta para el mercado en caso de que la central no se pueda terminar.
Según indicó EPM, la Creg definirá la ejecución o no de las garantías de construcción y puesta en operación, las cuales ascienden a 42,25 millones de dólares, y la pérdida de las obligaciones de energía firme asignadas al proyecto.
En el marco del 24° Congreso del Mecado de Energía Mayorista (MEM), que se realiza en Cartagena, el director de la Creg, Christian Jaramillo Herrera, le confirmó a EL TIEMPO que la entidad a su cargo ya recibió el informe de auditoría.“La Comisión tendrá que sentarse y decidir qué procede a hacer a la luz de la información que está en ese informe de auditoría”, indicó el funcionario.
Fuerte impacto
Fuentes del mercado eléctrico explicaron que en caso de que la Creg decida no solo ejecutar las garantías, que es lo más factible, sino quitarle las obligaciones del cargo por confiabilidad al proyecto, que en total suman 4.567 gigavatios hora año, de los cuales 1.085 gigavatios entraban entra diciembre del 2018 y noviembre del 2038, mientras otros 3.482 gigavatios corresponden al período de diciembre del 2021 a diciembre del 2038.
Y si la decisión de la Creg es quitarle dicha asignación de energía, de inmediato la empresa no podrá contar con recursos para el proyecto por unos 3,3 billones de pesos, ya que el 30 por ciento del valor total, de 11 billones de pesos, está proyectado para cubrir con el cargo por confiabilidad, dinero que pagan los usuarios en sus facturas y que, en caso de que hubiera entrado en operación en diciembre de este año, la empresa comenzaría a recibir de inmediato de forma gradual.
De acuerdo con los consultados, todo el riesgo es del inversionista, es decir de EPM, y ellos lo asumen.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Enviado Especial a Cartagena.
En Twitter: @omarahu