La minería legal en Colombia es muy responsable: Baptiste

La experta en medio ambiente dice que al Estado le ha faltado contundencia y ha sido ‘demasiado débil’ en la lucha contra la extracción ilegal. 

Brigitte Baptiste

Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

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Portafolio
marzo 05 de 2019 - 10:02 p.m.
2019-03-05

Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y experta en temas ambientales y biodiversidad en el país, aseguró que la minería legal que se hace en el país respeta el medio ambiente y que al Estado le ha faltado contundencia en la lucha contra la minería ilegal.

(‘El Estado debe ser más efectivo para combatir toda la minería ilegal’). 

¿Protegen las leyes colombianas al medio ambiente cuando hay proyectos mineros, petroleros o de infraestructura?

Las normas no están considerando de manera suficiente la manera de construir sostenibilidad y abrirle espacio a que los proyectos que transforman tanto la vida de los colombianos para bien, puedan hacerse con el menor impacto ambiental.

¿Entonces la norma es laxa?

La norma no solo es laxa, sino que no incentiva o bloquea el buen desempeño de las empresas. Lo que nosotros queremos es que todas las empresas tengan la oportunidad de vincularse de una manera mucho más directa con los planes de desarrollos regionales y que se vinculen con el bienestar de la comunidad, que es la que va a dar la licencia social.

Las empresas han identificado esto de manera voluntaria y están diseñando estrategias para cumplir con la norma e ir más allá, incluso porque saben que si se quieren quedar por décadas en una región, deben construir relaciones genuinas con las comunidades.
Los mineros dicen que la minería legal es bien hecha y respetando al medio ambiente

¿Cuál es su opinión?

La minería legal se hace muy bien. Obviamente que tiene problemas como cualquier proyecto productivo y creo que se han tomado los correctivos en los momentos que se ha requerido. Ha habido muchos aprendizajes y la minería legal en Colombia es una minería muy responsable.

¿Qué daño le hace al país la minería ilegal?

Es irresponsable, incontrolable, contamina, deforesta y envenena a la gente. Uno de los problemas más grandes es la minería de oro, que más del 90% es ilegal, entonces necesitamos formalizarla para poder controlarla.

(Petróleo, ‘fracking’ y agua). 


¿Qué es lo que más le preocupa de esa minería ilegal?

La minería ilegal de oro está acabando con los ríos, envenenando todo con mercurio y estos efectos van a durar cientos de años, afectando a la genética humana y acabando con la biodiversidad. Es un problema de marca mayor.

¿En cuáles zonas del país se presenta más este problema?

En Chocó, Antioquia, sur de Bolívar, Bajo Cauca, Valle del Cauca y en general en todo el Pacífico.

¿Por qué se ha expandido tanto el problema?

La minería ilegal recoge muchos efectos de otras actividades ilegales como el narcotráfico. Se utiliza para lavar activos, como bandera de ingresos rápidos para las comunidades y enmascara también las actividades de minería artesanal. El oro se vende y circula de una manera más fácil y difícil de seguir que la cocaína. De manera que es difícil establecer quiénes y cómo están haciendo la actividad, que es de grandes carteles que desafían al Estado constantemente.

¿Le hace falta contundencia al Estado?

Toda la contundencia del mundo. Yo creo que el Estado (y hago parte de él) es tremendamente débil frente a los contaminadores y deforestadores. Mi percepción es que se debe a la corrupción. Estos dos son los que más destrucción ambiental promueven por culpa o asociados con gobiernos locales corruptos.

¿Qué opina de la técnica de ‘fracking’ en la explotación petrolera?

Creo, como lo dice la comisión de expertos, que podría considerarse dentro del futuro de la explotación energética en Colombia, siempre y cuando garantice que se cumplan una serie de requisitos: la comisión plantea ocho. Lo más importante es reconstruir la confianza con las comunidades locales, hacer que la información sea veraz, transparente, el acceso a los datos también, que la gente pueda confiar que del fracking van a recibir, además, inversiones en su bienestar y que no se van a quedar solamente con los daños ambientales, en el caso que los hubiera.

(El primer piloto de ‘fracking’ se desarrollará en Magdalena Medio). 


¿Y respeto al cuidado del medio ambiente?

Yo no tengo miedo con el fracking, la verdad es que antes de estar pensando en los daños potenciales de cualquier actividad deberíamos estar corrigiendo y afrontando los daños gigantescos que se le están haciendo al país, por ejemplo, en los departamentos de Guaviare y Meta con la deforestación ilegal, o en los departamentos donde la minería sigue sin control. Allí yo concentraría las fuerzas.

¿Qué piensa que un juez, por una acción de una comunidad, pueda frenar un proyecto de millones de dólares?

Está muy bien que los jueces estén interviniendo para aclarar muchas de las dudas y temores que tienen las comunidades, porque de todas maneras los pasivos ambientales existen y tenemos una historia de daño ambiental acumulada que hace que desconfiemos de cualquier intervención en el futuro.

Sin embargo, también es importante que los jueces no reemplacen a las comunidades científicas o a los expertos en las decisiones, porque las ciencias han cambiado mucho, la formad de trabajar de las empresas también ha cambiado y arriesgan que los gastos que tenemos que hacer en los proyectos se incrementen de una manera desproporcionada e innecesaria cuando podríamos haber usado esos recursos en temas de conservación.

¿Hasta dónde llega el populismo en estos casos?

Hay una mezcla de razones que deberíamos ser capaces de discriminar en el debate. Una, quienes por razones ideológicas consideran que nuestro modelo económico no debería estar soportado en el emprendimiento privado o en inversiones de capital extranjero, y pues es una posición política muy respetable que tiene que debatirse en las urnas y elección de nuestros políticos. Esa no es una línea que pueda definir la viabilidad de los proyectos.

La otra tiene que ver con los impactos ambientales reales empíricamente probados o no de cualquier inversión y en ese sentido creo que todo mundo está hablando paja.

¿Qué opina del fallo de la Corte Constitucional no respaldando las consultas populares en proyectos mineros y petroleros?

El subsuelo es del Estado y eso es una definición constitucional. Siempre me he opuesto al carácter vinculante de las consultas populares porque lo que estamos es destruyendo la nación y lo que necesitamos es tener suficiente mecanismos de adhesión a un proyecto de nación. Por supuesto, no pueden ser autoritarios, impositivos pero hay unos principios mínimos constitucionales que rigen para todos los colombianos.


Pedro Vargas Núñez
Editor Portafolio.co

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