La próxima semana continuará la presentación, discusión y votación del Proyecto de Ley 010-202 Senado 425-2020 Cámara, que busca reformar la salud en Colombia luego de la sesión en las comisiones Séptimas conjuntas.
(Reinició la discusión del proyecto de reforma a salud).
La preocupación de los distintos gremios está en que si bien una reforma es necesaria para el país y debe recoger de manera especial las lecciones de un año de pandemia, debe abordar los problemas estructurales y definir con claridad los aportes de una nueva norma para mejorar la salud de la población y garantizar el derecho.
Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana explicó por qué el proyecto de ley 010 dista de ser una propuesta integral, no resuelve problemas centrales, ni contribuye a mejorar la gobernanza del sistema de salud.
¿Cuáles son las principales observaciones que tienen para el proyecto?
Hay varias cosas. La primera es que hemos visto que de acuerdo con lo que es la ley 1751, la ley estatutaria de salud, este es un intento de acabar o matar la misma ley en su nombre porque el proyecto tiene como objetivo esencial la privatización del sistema de salud, lo cuál no corresponde a una reforma estructural al sistema de salud.
Hay un artículo de la ley estatutaria que establece que por encima de la rentablidad económica está la social y cuando un sistema funciona sobre la base de empresas privadas y el modelo de mercado en competencia, lo que se estaría priorizando es una mejor rentabilidad económica, más no la social y esto lo vemos consignado en el proyecto.
(El efecto de la pandemia aún se mantiene en el sector salud).
Otro punto es el mejoramiento de la atención médica, y resulta que la salud no obedece solamente a la cuestión médica sino que debe existir una prevención para disminuir la incidencia y la carga de la enfermedad para que haya menos necesidad de atención en la base de un modelo preventivo que respondería a la ley estatutaria y su rentabilidad social.
La reforma debe ser estructural y debe basarse en lo que dice la ley estatuaria y la rentablidad social y no la económica, y para ello el sistema debe tener una buena atención primaria en salud, donde el sistema sale a cuidar a la población para prevenir y disminuir los gastos.
Nos preocupa que la atención no sea cumpliendo el derecho o la necesidad sino que sea de acuerdo a la capacidad de pago de las personas.
¿Qué observación tienen en los casos de los territorios dispersos?
Estos lugares o en zonas muy pobres donde no haya una buena actividad económica van a ser territorios inatendidos como ha ocurrido desde que se aprobó la ley 100 de 1993 que responde al modelo del mercado. El otro punto es que este proyecto hace refectos de leyes que ya fueron aprobadas y que no requieren de otra para determinar lo que ya se debería estar haciendo, como es el caso de la ley 1438. Creemos además que es el Gobierno es el que debe tener la rectoría del sistema de salud, que ahora está en manos de las EPS privadas.
¿Cómo han visto el efecto de la pandemia?
La ineficacia del modelo se ha agudizado en este tiempo, el mejor ejemplo de esto ha sido la elaboración de pruebas, las EPS no han cumplido con la cantidad de pruebas que se requieren, con la agilidad que se necesita para establecer las políticas de aislamiento para ser oportunos y tener esas medidas en lugar de una cuarentena total.
Esto también se ha expandido a la vacunación. No se han cumplido los objetivos y los organismos distritales tienen que interferir como ha sucedido en Bogotá, Cartagena o Barranquilla para suplir el trabajo que no han hecho las EPS, poner puestos de vacunación masiva y testeo, lo cual es paradójico porque hay un gran remanente de vacunas almacenado y no se avanza, pero es prueba que estas instituciones de tipo privado al no ver un lucro necesario para seguir no tienen el sentido para funcionar.
¿Qué esperan que pase en la discusión del Congreso?
Es una situación difícil porque todo parece indicar que la ley será aprobada y ese sería el puntillazo final para este sistema de salud.
La población colombiana deberá entonces enfrentarse a un sistema privado en el que el aseguramiento se dará de acuerdo a su capacidad de pago y en donde el aseguramiento será segmentado.
En el modelo integral, las personas deben recibir la atención de acuerdo a sus necesidades, pero en el nuevo será con un listado de medicamentos o tratamiento que tiene disponibles.
Veremos también un detrimento progresivo en la red pública de hospitales, donde serán comprados por quienes si tengan los recursos como las firmas de aseguramiento que ya lo hacen en el país.
¿Cuál sería la reforma que requiere Colombia?
Hay que desarrollar y reglamentar la ley estatutaria porque si el paciente es el núcleo de la reforma, es la rentabilidad social la que debe primar. La otra es devolverle al Estado la rectoría del sistema y garantizar la atención integral de la población. También se debe rescatar la red pública de servicios y la protección y promoción de los hospitales universitarios.
Además, se debe fortalecer el fono único financiero para tener clara la entrada de los dineros y el pago de los mismos, y se debe también desarrollar una política para el talento humano en salud desde la formación y desarrollo ético e intelectutal, porque evidentemente vemos que se ha perdido y hay una tendencia a la despersonalización de la atención por el sistema actual.