Los sistemas de protección social en el mundo se crearon para ser estabilizadores automáticos de los ingresos cuando se materializa el riesgo.
(Cajas: un debate distinto).
En este contexto, las cajas de compensación familiar forman parte del sistema de protección social del país y en esta crisis se ha verificado que su existencia ha sido bien importante. De esta manera, la presidenta de la Asociación de Cajas de Compensacion, Asocajas, Adriana Guillén, explica el papel que han jugado estas 43 entidades en la crisis sanitaria.
Su papel ha estado en varios frentes, como el de la salud, pero quizás uno de los más relevantes ha sido el de la operación del Fondo de Protección al Cesante.
Se nutre con parte de los aportes que hacen las empresas y que equivalen en total al 4% de sus nóminas.
“El 11,5% de ese aporte se destina precisamente a aliviar la disminución de los ingresos que tienen las personas que pierden su empleo. Ese fondo existe desde el 2013 o un poco antes, y a través de él se han entregado cuotas monetarias para los hijos de las personas que quedan sin empleo, y se les ha seguido aportando a salud y a pensiones”, afirma.
Sin embargo, con las facultades extraordinarias por la pandemia se decidió que iba a haber un subsidio de emergencia que beneficiara también a los que ya tuvieran la condición de cesantes, siempre y cuando sus empleadores hubieran cotizado a una caja de compensación familiar. En este caso el Gobierno quiso ser amplio para cubrir la mayor cantidad de personas que en este momento estuvieran desempleadas, explica la dirigente gremial.
“Vale la pena entender, precisamente, que estos recursos no son del presupuesto público, sino que vienen de aportes de los empresarios que son finitos y van a un fondo que nunca fue planeado para la capacidad que se requiere ahora”, destaca.
Según la presidenta de Asocajas, bajo la reglamentación actual, la idea es que cada persona reciba un apoyo de $1’755.000, pagados en tres meses por cuotas mensuales de $560.000. Y, además, se pagará a esas personas la seguridad social (salud y pensión).
“Estamos pidiéndole al Gobierno que en caso de una nueva declaratoria de emergencia se corrija el pago a la seguridad social porque las personas ya, en este momento, gozan del beneficio de salud universal y pueden acceder al servicio a través del régimen subsidiado y la pensión, en virtud de esta normatividad extraordinaria también se redujo el aporte al 3%”, plantea Guillén, con el fin de que generar recursos para nuevos beneficiarios.
Hasta el 21 de abril 453.397 solicitudes y de ese total, se han tenido como postulaciones válidas y que reúnen los requisitos, a 124.616 personas. Desde la semana anterior empezaron los desembolsos por $140.000 millones para unas 50.000 personas. En las semanas que vienen se espera atender entre 80.000 y 100.000 postulados en total.
Sin embargo, en vista que esta plata de las cajas es finita, en los últimos decretos de emergencia el Ministerio de Trabajo dio paso a la posibilidad de que lleguen unos nuevos recursos del Fondo de Emergencia para este Fondo de Protección al Cesante.
“Todavía no sabemos ni el monto ni las condiciones, pero estamos atentos, de manera que aquellas personas que hayan quedado en lista y que reúnan los requisitos que fije el Gobierno para acceder y recibir esas ayudas”, dice Guillén.
Para el año, las cajas proyectan $360.000 millones para ese Fondo, sin embargo eso depende de los aportes que realicen las empresas y en las actuales circunstancias, de manera natural, el aporte sí se va a empezar a reducir porque van a quedar personas desempleadas y las empresas aportarán menos.
Otras fórmulas se barajan para fortalecer ese fondo: una, es que se hagan proyecciones de lo que se recibiría en el segundo semestre para acudir a una línea de crédito en Bancoldex que se irá pagando en la medida que los aportes vayan entrando. También se propone unificar sus tesorerías para que las cajas de compensación puedan hacer internamente préstamos y solventar los recursos para el fondo.
“Estamos absolutamente conscientes de que en un momento como estos en que es necesario tomar medidas contracíclicas, es decir, medidas que estimulen la demanda y que estimulen el consumo un mecanismo como el subsidio al desempleo es muy importante”, puntualiza Adriana Guillén.
TEMOR POR EL IMPACTO
Como muchas entidades en el país las cajas de compensación también reciben el impacto del freno de la economía por la pandemia. Son 43 instituciones que generan 70.000 empleos directos e indirectos.
De hecho, dejar de operar servicios hoteleros de recreación y turismo, y de cultura, les ha representado dejar de percibir unos $250.000 millones.
Ante esto, plantean al Gobierno una línea de redescuento para que las cajas más pequeñas puedan acceder a líneas de endeudamiento que les permita sobreaguar y mantener la caja abierta.
Se estima que unas 13 cajas necesitan ayuda, si la crisis va más allá de 60 a 90 días, contados desde el 27 de marzo, según Asocajas.
“Hemos demostrado con numeros al Ministerio de Trabajo que, en efecto, las cajas reciben grandes recursos pero que se ejecutan y están comprometidos y no son parte de la tesorería. Las reservas efectivas nos permiten sobrevivir dos meses”, dice Adriana Guillén.
A su juicio, a la cajas grandes probablemente les podrá ir un poquito mejor, pero a las pequeñas que están en los territorios nacionales y que dependen exclusivamente de la formalidad, es decir del aporte del 4%, puede que no aguanten 30 días. En este grupo pueden estar las de Amazonas, Putumayo o San Andrés.
“En la medida en que se disminuyan los aportes, bien sea porque las empresas dejen de pagar o porque el empleo caiga y bajen las nóminas, se reducirán necesariamente los ingresos de las cajas y los recursos que distribuyan a los diferentes fondos”, reconoce Adriana Guillén.
Muchas han empezado a recortar gastos y a tomar las medidas de bajar salarios de manera voluntaria de parte de los colaboradores.
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