Contra las cuerdas, así está la operación minera del país a buena cuenta de cinco normas jurídicas, que de no ser atendidas a corto plazo por el Gobierno terminarán decreciendo la inversión en el sector extractivo.
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La delimitación de áreas, la Ley de Páramos, la Línea Negra, las Consultas Previas y las Consultas Populares conforman la lista de los obstáculos que están frenando el normal desarrollo de la operación minera nacional.
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“No hay duda de que estos son los riesgos normativos que tiene a la industria estancada”, afirmó Juan Manuel Sánchez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), quien precisó que una de esos vacíos es la falta de claridad en la delimitación de áreas con respecto a los Pomca (Plan de Ordenamiento y Manejo de una Cuenca).
Sánchez subrayó que, en este caso, la norma no precisa los alcances en el manejo ambiental de las reservas en el ecosistema.
El dirigente gremial no dudó el reiterar que uno de los puntos ligados a este tema, y que tienen en riesgo la actividad, se relaciona con los esquemas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en los cascos urbanos. “Cerca de 900 municipios no los tienen actualizados, y esto define el uso del suelo, por lo que frena la operación”, dijo.
El presidente de Fenalcarbón añadió que la industria minera está a la expectativa de lo que pueda pasar a diciembre, en donde los alcaldes con sus secretarios de planeación, y los concejos municipales deben concertar con las CAR los POT, para que la operación minera en esas regiones no se altere.
GOLPE A LA SEGURIDAD JURÍDICA
Otras dos normas que tienen con incertidumbre el desarrollo minero en varias zonas del país son la Ley de Páramos y la llamada Línea Negra.
“Como quedaron conformadas en sus respectivos articulados le están dado un golpe a la seguridad jurídica de la industria, y no generan confianza para que crezca la inversión”, señaló Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Así mismo, otras figuras jurídicas que tienen en ascuas al sector extractivo son las Consultas Previas y las Consultas Populares.
“Colombia es el país que más consultas previas realiza en el mundo, y requiere un estatuto para su reglamentación”, aseguró Ángel, quien precisó que al respecto ya cursa un proyecto de ley en el Congreso, y el Gobierno anunció que viene otro en camino.
“Hay voluntad política para resolver este tema, de paso se resuelven los otros que generan la inseguridad jurídica para acceder al territorio cuando haya un proyecto minero para desarrollar”, enfatizó.
Sin embargo, todas las miradas del sector están en la Corte Constitucional, que próximamente resolverá la tutela interpuesta por la petrolera Mansarovar por la consulta popular que le frenó su operación en el municipio de Cumaral (Meta).
“Estamos a la espera del fallo de la Corte ya que debe sentar jurisprudencia para dejar con total claridad ese ordenamiento. Si no se despejan las dudas, al interior del Gobierno se daría la discusión de cómo elaborar una ley de concertación que permita despejar el camino”, señaló al respecto la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.
Por su parte, Ángel, recalcó que con la sentencia del tribunal constitucional se marcará el derrotero para el uso de las consultas populares. “Antes de finalizar el presente año deben quedar definidas las reglas de juego frente a este mecanismo de participación ciudadana”, afirmó.
LA HOJA DE RUTA
Para hacerle frente a estas normas que tienen frenada la operación minera y de paso dinamizar el sector, el Gobierno Nacional desarrolló una cumbre en Palacio el pasado miércoles 19 de septiembre con el fin de trazar la hoja de ruta para tal fin.
A la cita acudieron todos los sectores de la industria minera, tanto del resorte público, como privado, y donde el cónclave lo dirigió el presidente Iván Duque y la jefe de la cartera minero energética.
“Del centenar de proyectos que están en etapa avanzada, ya sea de prefactibilidad, factibilidad o incluso de expansión, que se llevaron al encuentro, se identificaron que el 60% de las iniciativas mineras están enredadas en su trámite por temas ambientales”, indicó el presidente de la ACM.
Una vez escuchadas las inquietudes de los representantes del sector minero, el jefe de Estado impartió instrucciones a los ministros de Minas y Ambiente para que marquen de forma sincronizada la carta de navegación, para revisar cada una de las normas, y definir si son procedentes o no con respecto a la operación minera.
Así mismo, el Gobierno Nacional se comprometió con darle celeridad a la reforma del Sistema General de Regalía (SGR), con el fin de incentivar económicamente a los municipios con operación extractiva.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
