A pesar del alto costo social y económico de la recesión de finales del siglo pasado en Colombia, quedaron una serie de lecciones aprendidas en el ámbito fiscal para hacer al país menos volátil frente a las dinámicas propias del mercado local y los choques externos.
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Desde el ámbito macroeconómico hubo un cambio en la orientación de la política monetaria y se estableció el esquema de inflación objetivo, donde el Banco de la República da liquidez a una tasa de interés. “Este es un cambio fundamental y además se vuelve el tema centro de atención de la Junta”, señala el excodirector del Banco Roberto Junguito.
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Junguito al tiempo recalca que, tal vez, la lección más importante es tener una tasa flexible para poder reaccionar a los choques externos. “Esto nos sirvió muchísimo en las crisis del 2009, 2010 y 2014. Inmediatamente caen los precios del petróleo la tasa de cambio se devalúa, es decir hay una corrección automática”, explica.
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El exfuncionario además comenta que otro aspecto fundamental sobre lo aprendido está en no dejar llegar el déficit público a las magnitudes de ese momento, que fue del cinco por ciento. De la misma forma rescata la Ley de Responsabilidad Fiscal y la regla fiscal que se implementó en los años siguientes, “como una manera de asegurarnos de que va haber una estabilidad fiscal en el país”.
Por su parte, Salomón Kalmanovitz, excodirector del Banco de la República en ese momento, cuenta que el Emisor aprendió que cerrar el crédito al sistema financiero, como lo hizo durante una semana en medio de la debacle económica, puede disparar las tasas de interés a límites enormes.
“Se entendió que la tasa de interés es el indicador de riesgo fundamental y si no existe puede pasar lo que sucedió en el mercado inmobiliario”, comenta y al tiempo añade que quedó muy bien establecido el régimen de inflación objetivo, que ha sido bastante exitoso. “El sistema se volvió más conservador”, precisa.
El Congreso dicta la Ley 546 del 99 que es fundamental, no solo como antecedente histórico, sino como esquema actual que nos sigue rigiendo,
COMPARTIR EN TWITTERA nivel jurídico, Mauricio Valenzuela, vicepresidente jurídico de Davivienda, destaca los fallos de la Corte Constitucional que ordenan al Congreso a legislar en materia de vivienda.
“El Congreso dicta la Ley 546 del 99 que es fundamental, no solo como antecedente histórico, sino como esquema actual que nos sigue rigiendo, fue un estatuto regulatorio para el crédito de vivienda”, agrega el analista de Davivienda.
Valenzuela además destaca que la norma volvió, en buena parte, a ciertas precauciones que habían sido propias del crédito de vivienda. Estableció nuevamente los porcentajes máximos de financiación que habían sido borrados de la regulación, 70 por ciento para vivienda mayor a VIS y 80 por ciento para vivienda VIS.
“La corrección monetaria pasó a estar atada exclusivamente a la inflación y se reemplazó la Upac por la UVR que hoy sigue rigiendo. Se estableció una tasa límite para los créditos de vivienda y que fija la Junta Directiva del Banco de la República”, precisa.
La norma también introdujo medidas que aún se conservan, como que la primera cuota del crédito no supere el 30 por ciento de los ingresos de los solicitantes y estableció un plazo mínimo de cinco años y un máximo de 30 para los mismos.
Del mismo modo, la ley estableció que los sistemas de amortización de las deudas solamente pueden ser aprobados por la Superintendencia Financiera, que prohibió la capitalización de intereses en los créditos de vivienda y estableció un mecanismo que se convirtió con el tiempo en un factor muy importante para una mayor competencia de las entidades financieras: la posibilidad de trasladar el crédito a otro banco que le ofrezca mejor tasa de interés.
“Eso no solamente ha permitido el ingreso de nuevos jugadores en el crédito de vivienda sino que ha presionado los precios hacia abajo en favor de los consumidores”, explica Valenzuela.
El negocio también tomó sus propias precauciones y con la Ley 546 nació la constitución de sociedades titulizadoras de crédito de vivienda. Además se estableció un fondo de reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria porque surgía el temor de que los créditos iban a tener problemas al estar nuevamente atados a la inflación y tener la captación referida a la tasa DTF.
“Desde 1999 esa correlación entre DTF e inflación ha sido muy estable, de manera que nunca se concretó ese temor que tenían los bancos. Con el tiempo ese viene a ser uno de los mecanismos que más ha servido para dinamizar la vivienda”, anota Valenzuela.
La Ley 546 también acaba con las entidades especializadas y obliga a las corporaciones de ahorro a convertirse en bancos comerciales para evitar la concentración del riesgo que se producía por el hecho de estar moviéndose en un mercado especializado.
“El sistema como un todo aprendió mucho, sobre todo en temas de precauciones. Los constructores invirtieron el modelo, antes construían para vender y ahora prevenden para construir. Además se volvió casi obligatoria la utilización de la fiducia para la administración de las preventas, lo cual le da una mejor presentación comercial a la venta de los proyectos y una seguridad grande a los compradores de la vivienda”, añade.
Finalmente Valenzuela puntualiza que los clientes quedaron con una prevención frente al crédito, se volvieron más cautelosos frente al endeudamiento y movieron sus preferencias a las tasas fijas.
“Lo mismo pasó con los bancos, que fortalecieron internamente sus áreas y metodologías de riesgos. También aprendieron a titularizar”, concluye.