Ley de financiamiento dejaría nuevo hueco de $5 billones en el 2022

La ponencia para su primer debate, que comenzará a discutirse hoy, elimina varios ingresos y mantiene los beneficios para las empresas.

Ley de Financiamiento

El ministro Carrasquilla concedió una rueda de prensa con su equipo técnico, tras la radicación de la ponencia.

Archivo particular

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diciembre 02 de 2018 - 08:00 p.m.
2018-12-02

El nuevo articulado de la ley de financiamiento, que comenzará a discutirse hoy, pasó a llamarse, según varios analistas y expertos, la ley de ‘desfinanciamiento’ del gobierno de Iván Duque.

(Lea: Ley de financiamiento sólo recaudaría $7,5 billones)

La razón principal de este cambio lingüístico tiene que ver con que la ponencia para primer debate, presentada la semana pasada, apenas lograría subir el recaudo tributario durante su primer año de vigencia (2019), pero de ahí en adelante, este comenzaría una senda bajista

(Lea: Estos son los detalles de la ponencia de la ley de financiamiento)

Los cálculos del Gobierno dan cuenta de que para financiar el presupuesto del próximo año se necesitan $14 billones, de los cuales algo más del 50% provendría de ingresos corrientes por impuestos adicionales, mientras que la cifra restante requeriría de un agresivo plan de austeridad para recortar $6,5 billones a programas sociales.

Hasta ahí, todo iría relativamente bien. No obstante, el talón de Aquiles de esta reforma se sentiría a partir del 2020, cuando el recaudo, en lugar de aumentar, comenzaría a reducirse paulatinamente. Así lo confirmó el investigador de un centro de estudios, quien afirmó que “esta ley de financiamiento, en la práctica, solo servirá para el 2019, y, aún así, ni siquiera lograría cubrir todo el faltante del Presupuesto ya que, de aprobarse como está, requeriría congelar o recortar varios programas”.

Colcha de retazos
Las cuentas, en cualquier caso, no les cuadran a los analistas colombianos.
Según el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, “la ponencia de la reforma sirve parcialmente para un año, porque van a recoger $7,5 billones de los $14 billones que el Gobierno considera que necesita, entonces, en ese orden de ideas, el próximo año tendría que hacer un ajuste del gasto muy fuerte”.

El centro de estudios Anif fue más allá y calculó que la ‘nueva’ ley abriría un hueco todavía mayor al recaudo por impuestos, el cual comenzaría a darse a partir del 2020. De hecho, ese año, los ingresos adicionales caerían 0,3% del PIB, que en plata blanca son unos $3 billones, y provendrían de mayores ‘gabelas’ para empresas.

El panorama será todavía más complejo hacia finales del gobierno Duque, pues –según Anif– el recaudo seguiría en caída y se reduciría en $5 billones en el 2022, es decir, casi el mismo monto que hoy le hace falta para financiar los gastos del 2019.

Sergio Clavijo, presidente del centro de estudios, dijo: “Resulta grave que el recaudo continúe cayendo (...) hacia el 2022, donde la mayor recolección en cabeza de los hogares no alcanza a compensar el hueco que se abre a nivel del recaudo empresarial”.

Y añadió que “se requiere que ‘el establecimiento’ colombiano logre un mejor entendimiento entre las fuentes adicionales de los impuestos, de una parte, y las mayores presiones de gasto, provenientes de la seguridad social y de los territorios, de otra parte. Esto es lo que le conviene al país en su conjunto, a la credibilidad fiscal y a la continuidad misma de un Estado promercado”.

Beneficios a empresas amplían el ‘hueco’
Con la ponencia para primer debate de la ley de financiamiento, el articulado dio un giro de 180 grados en materia de ingresos, pero se mantuvo inalterada en cuanto a beneficios tributarios adicionales.

De hecho, este binomio de proposiciones fue el que le dio una estocada mayor al proyecto inicialmente radicado, ya que, por un lado, elimina una fuente de ingresos corrientes importante (la ampliación del IVA al 80% de la canasta familiar), pero mantiene las propuestas de aumentarles las ‘gabelas’ a las personas jurídicas.

Según cálculos del centro de estudios Anif, el nuevo articulado abre la puerta a que el rubro de mayores ‘gabelas’ a las empresas amplíe el hueco fiscal en 1% del PIB en el 2020 y 1,2% en el 2022, que son aproximadamente entre $10 billones y $12 billones, respectivamente.

Para el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, “lo más difícil en la situación fiscal nacional no llegaría el próximo año, ya que los nuevos descuentos para las empresas (incluyendo la deducción del IVA a bienes de capital y todas las otras deducciones) harían que bajen los ingresos desde el 2020, año en que se dará lo más duro”.

Como si esto no fuera poco, la situación con el nuevo articulado también afectaría el potencial cumplimiento de la Regla Fiscal, ya que –en las cuentas de Anif– para que el plan B fuera realmente exitoso, debería estar incrementando la relación recaudo/PIB en no menos de un punto porcentual, durante el periodo 2019 - 2022.

De lo contrario, agregó Sergio Clavijo, presidente del centro de estudios, “resultaría imposible honrar el compromiso con una Regla Fiscal ya bastante debilitada, que atina a reducir el déficit del Gobierno Central del actual 3,1% del PIB en el 2018 hacia el 1,4% en el 2022”.

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