La etapa más difícil en un proceso de paz no está en la negociación entre las partes, ni siquiera en la construcción de los mecanismos que permitirán la reincorporación de los alzados en armas a la vida civil.
El proceso mismo de la negociación es de por si espinoso, difícil, lleno de amenazas e inestable. Sin embargo, la férrea voluntad política de las partes ayuda a sortear estos inconvenientes y obliga a los otrora contrincantes, a llegar a acuerdos.
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La etapa de mayor dificultad es sin duda la implementación del acuerdo alcanzado, más aún cuando su concreción implica cambios institucionales profundos que afectan intereses políticos y económicos de actores que, a regañadientes, aceptaron la negociación pero que, ante la inminente puesta en práctica de lo acordado, ven en esta etapa la oportunidad para entrabar los cambios que conducirán a la eliminación de la violencia.
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Un acuerdo de paz es fundamentalmente un pacto político, su implementación demanda reformas profundas que deben alcanzarse también en un contexto de concertación política.
LA TRANSFORMACIÓN
En Colombia, después de décadas de guerra, luego de un acuerdo de paz, y ahora con el proceso de implementación, se requiere de mecanismos que permitan construir ese tránsito hacia el posconflicto, que preparen el ambiente institucional para las transformaciones que demanda el acuerdo y que generen consenso político en torno a la idea de desarrollo que demanda cada una de las regiones.
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En esa perspectiva se diseñaron los Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto, los Contratos Paz.
Los Contratos Paz son la segunda etapa de los Contratos Plan. La primera fue una experiencia de transferencia de política pública que se importó de Francia. Allí, estos mecanismos de focalización regional y sectorial de la inversión pública se denominaron Contratos Estado-Región. Nuestro país adoptó este mecanismo desde el 2013 con el desarrollo de siete experiencias en nueve departamentos.
Con el acuerdo de paz se retomó la experiencia ganada con los Contrato Plan iniciales para que la segunda etapa estuviera volcada a desarrollar el proceso de regionalización de la inversión para las zonas de mayor afectación por el conflicto armado. En tanto mecanismos de ayuda a la implementación del acuerdo de paz, la nueva etapa se distinguió de la anterior por tres condiciones fundamentales: un proceso de mayor participación en la definición de los sectores y proyectos de inversión; un ejercicio de priorización de proyectos en infraestructura social; y la concentración de los esfuerzos de inversión en territorios donde la violencia había afectado fuertemente la institucionalidad pública.
Con estos derroteros se suscribieron los primeros Contratos Paz. El primero de ellos se construyó con los departamentos de Bolívar y Sucre, haciendo especial énfasis en la región de los Montes de María. Allí, el proceso de concertación incluyó a las organizaciones sociales, la revisión de mecanismos alternativos de planeación presentes en la región y el trabajo conjunto con los ministerios para la definición de las líneas de inversión que se adoptaron.
A este primer Contrato Paz le siguieron sendos Contratos en Caquetá, Meta, Guaviare, Valle y Guainía. En todos estos departamentos se priorizaron las regiones con mayor afectación por conflicto armado y se hizo énfasis en la incorporación de proyectos destinados a la provisión de bienes públicos rurales. Así, desde su primera etapa, esta herramienta se ha suscrito con 16 departamentos y cubre más de 450 municipios.
Los Contratos Paz pueden considerarse como la avanzada de la transformación institucional necesaria para el posconflicto. La inversión pública que demandan las regiones afectadas por el conflicto no puede decidirse de manera unilateral por las instituciones y entidades del gobierno central, el mecanismo desarrollado por los Contratos Paz aporta elementos para profundización de la descentralización y la construcción de procesos de gobierno multinivel. Las regiones que han desarrollado Contratos Plan, y las ahora incluidas en los Contratos Paz, han visto cómo la canalización de recursos públicos de todos los niveles y del sector privado ayudaron en la financiación de proyectos para la construcción de infraestructura hospitalaria y educativa, vías terciarias, proyectos productivos, instalaciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acueductos y alcantarillados, entre muchos otros.
De la misma manera, las entidades territoriales han encontrado en las dos generaciones de Contratos Plan una oportunidad para el fortalecimiento institucional que les ha permitido mejorar sus índices de estructuración de proyectos, gestión de recursos y desarrollo de procesos de inversión más eficiente.
Aún queda mucho por hacer. La implementación es en sí misma un largo acuerdo político. Las transformaciones institucionales no se gestan de manera intempestiva.
Los Contratos Paz seguirán en la tarea de ayudar a eliminar las condiciones institucionales que sirvieron de caldo cultivo a la guerra que nos ha consumido durante generaciones. El esfuerzo siguiente no puede ser otro que avanzar en la implementación que es, como se dijo, un largo acuerdo político.
Santos Alonso Beltrán
Gerente Nacional de Contratos Plan-DNP
